El Ministerio del Interior está vacío, Bonomi ocupa la silla pero no el cargo.

Del subsecretario no se sabe nada hace días, suponemos que sigue siéndolo, y el director nacional de Policía, Layera, que tanto dio que hablar con su entrevista, dio una enorme voltereta para desdecirse esta semana seguramente "invitado" para que lo hiciera por el oficialismo. Pudo haber decidido sostener sus declaraciones, con las cuales muchos coincidían, pero prefirió sostener su cargo. Son opciones, no recomendables por cierto para un profesional que debe liderar una fuerza y ser coherente.

El presidente cometió un error grande al ir a una reunión de vecinos en San Luis sin el ministro de Interior. En los hechos asumió él la cartera, lo subrogó. Con ello prendió una mecha que hizo que el fin de semana en varios puntos de Canelones vecinos manifestaran pidiendo el mismo tratamiento. Todos quieren que Vázquez les dispense el mismo trato, si fue a San Luis, por qué no a Salinas, a Neptunia o a cualquier localidad. De parche en parche, sin rumbo, discurre el gobierno mientras la violencia no para.

Es mucho mejor discrepar pero que se sepa quién manda. La realidad es que no solo ahora se discrepa, sino que hay un vacío de poder en el ministerio. El presidente le pasó por arriba al ministro, no hizo lo que debería que es sacarlo y poner a otro. Es tal su debilidad política que siendo presidente no puede cambiar un ministro sin pedir permiso al MPP. Por eso lo deja, pero le pasa por arriba. Institucionalmente es la peor solución. Y Bonomi, para no ser menos, le pasa por arriba al director nacional de la Policía, Layera. Resultado del dominó: nadie está en su lugar. Aún en la discrepancia es mejor saber quién es el responsable que esta situación gelatinosa.

Se decía por parte del oficialismo que la oposición tenía como recurso pedir la renuncia del ministro. Ya no hace falta porque en los hechos es un ministro de fantasía. Bonomi ocupa la silla, no el cargo. La única medida concreta en materia de seguridad que se aprobó en el Parlamento, en estos tiempos de crisis, es un proyecto nacionalista acordado hace dos años en la Torre Ejecutiva y recién votado esta semana. Se agravarán las penas para los homicidios intencionales y en el caso de que las víctimas sean policías, jueces o fiscales, cuando se atenta contra ellos justamente por esa condición, por su trabajo. Se nos pregunta si sus vidas valen más que las de cualquier persona. Obviamente no. La diferencia, y por eso el tratamiento particular, es que son el escudo legal que la sociedad tiene y su primera línea de defensa contra el delito.

A la Policía se le pide que se enfrente al delincuente, muchas veces en desventaja y con las manos atadas para protegernos. Por eso hay que defender al que nos defiende. Y por eso queremos aprobar un proyecto que presuma su legítima defensa cuando están en un enfrentamiento con un criminal. La Policía está indefensa porque no tiene un marco legal de medidas para su protección y no tiene una autoridad que le cuide la espalda. Para que dentro de la ley, cuando actúa y se enfrenta al delito y a los criminales, no pase más tiempo y penurias el policía que el chorro, deambulando por los juzgados.

La sociedad está indefensa, el policía está regalado y el ministerio está vacío. Ya no es hora de pedir renuncias, sino simplemente de que alguien asuma.