Javier García
Javier García

Ley de urgencia

Un recurso constitucional, usado sin que nadie pusiera el grito en el cielo anteriormente, fue puesto en el centro del debate por el candidato oficialista y su partido, y lo transformaron en buque insignia de la campaña. 

Nos alegra y aceptamos el debate y a partir de ello que queden claras dos visiones estratégicas del país. De un lado el sentido de la urgencia que debe impregnar el ejercicio del gobierno y por otro un “pasotismo” adolescente, desesperante, que no tiene la dedicación rápida ante las emergencias que se viven.

Las leyes de urgente consideración no se definen por el contenido de sus normas. Aquí hay una confusión. Es un recurso que la Constitución le otorga al Ejecutivo cuando envía proyectos y habla solo del proceso legislativo, no de otra cosa: urgente u ordinario. El segundo gobierno frentista rotuló así el proyecto de creación del Sucive, que concluyó con la llamada guerra de las patentes. Era un tema importante, pero no se caía el país si se trataba normalmente. Sin embargo, Mujica con ese rótulo la envió para que en 90 días fuera aprobada. No era un tema de urgencia social ni económica.

Lacalle Pou adelantó que utilizará esta herramienta para de entrada imprimir rapidez a la acción del gobierno que permita impulsar políticas muy precisas en materia de seguridad, financiera, y de buena administración de las empresas públicas y la educación. En los primeros meses se debe transformar la realidad en materia política, jurídica y administrativa mientras se discute el presupuesto que regirá recién en 2021.

Se da en este caso la particularidad que además hay temas urgentes que nadie sensato puede negar. ¿O no es urgente votar una ley que proteja a la Policía y le permita actuar en legítima defensa propia y de la sociedad? El FA cree que no, está en su derecho, pero nosotros también estamos en el nuestro. O derogar inmediatamente la obligación financiera que quita libertad y perjudica a ciudadanos y comerciantes en su vida cotidiana, y es un festín para los bancos que se quedan con la gran porción del sistema. Para nosotros lo es. O crear una regla fiscal que termine con el despilfarro y la impunidad del gasto de un gobierno que nunca tiene fin y gasta más de lo que puede porque luego paga Juan Pueblo. Para el Partido Nacional es necesario y urgente, así queremos entrar también al debate presupuestal posterior. O monitorear el funcionamiento de las empresas públicas que tantas veces actúan ya no como autónomas del Ejecutivo sino como autónomas del país. Estos ejemplos y otros que una coalición de gobierno entienda necesarios.

El tiempo no es infinito, son 60 meses que hay que aprovechar y devolver en transformaciones. Se nos dice que es una ley “oculta”. Además de no entender, algunos son medio vagos de más porque bastaría que le pegaran una ojeada al programa de gobierno para tener allí todos los contenidos. No insume mucho tiempo. Oculto son otras cosas, como los negocios corruptos de Ancap, o los que oficialistas hicieron con el régimen despreciable de Maduro y sus socios narcos, o los de ASSE que despejarán las auditorías. Ocultos y oscuros. Lo nuestro es bien transparente.

Se puede gobernar con vocación de eternidad o se lo puede hacer con la urgencia de entender que cada día de gobierno hay que aprovecharlo a pleno. La causa de los pueblos no admite la menor demora, nos ordena aún el Jefe.

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