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El Guardián, guarda

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JAVIER GARCÍA
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Cuando se plantean garantías para evitar que el gobierno o funcionarios en forma aislada no violen la intimidad de los ciudadanos y su vida privada sin la debida autorización de un juez y dentro de la ley, el gobierno miente, se queja, acusa y se victimiza.

La utilización de mecanismos de espionaje electrónico debe tener una contrapartida muy firme, basada en controles precisos para que solo la Justicia pueda utilizarlos para investigar y perseguir el crimen. No sería la primera vez que se espía a contrincantes políticos o por razones personales se pinchan teléfonos. En el mundo hay casos muy sonados. Aquí se compró esta tecnología, que también digamos es una de las tantas y ni la más moderna ni eficaz para espiar. Los criminales usan ahora mecanismos más encriptados como el WhatsApp para sus comunicaciones. Digamos que este Guardián es más útil para la gente común que se comunica por sus celulares o escribe correos electrónicos que para un narcotraficante que organiza embarques de droga. Los delincuentes se cuidan más para evitar estos dispositivos. Justamente por eso también los controles deben ser muy fuertes.

Hace tres años insistimos mucho con estas garantías para las personas, son temas de derechos humanos y libertades personales y de expresión. La Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía acordaron con el Ministerio del Interior un sistema de controles recíprocos que permitiera saber cada tres meses, que nadie se hacía el loco y pinchaba un teléfono en forma autónoma, por razones de cualquier tipo. Para eso tenían que tener información de esa cartera y de las empresas de comunicación, la estatal y las privadas. De eso, hasta el momento no existió ni un solo informe: el ministro Bonomi no envió a la Justicia ninguno de los ocho reportes que estaba obligado a remitir, ni conoce la Justicia, según me dijo, que haya hecho acuerdo con las operadoras. Sin embargo, “El Guardián” funciona, se utiliza, es decir que opera sin los controles previstos. ¿Se puede afirmar que se pinchan teléfonos fuera de la ley? Yo no tengo pruebas. ¿Se puede descartar que se pinchen teléfonos ilegalmente? Yo no lo puedo descartar tampoco y no lo puede descartar ni la Justicia ni la Fiscalía, por la sencilla razón de que los mecanismos de control no se aplicaron. Aquí hay en juego derechos individuales, no se arregla con aquello de créeme que está todo bien. Como siempre, lo único que da seguridad son las garantías del contrato. ¿Si está todo bien, y todos tenemos la mayor voluntad de que el espionaje se haga por razones criminales, legalmente y al amparo de la Justicia, por que no se cumplen los controles previstos? ¿Por qué enojarse y mentir como mintió Bonomi el martes pasado cuando le echó la culpa a la Suprema Corte de Justicia alegando que la información estaba pero que no la remitió porque no se le había indicado a quién, cuando hace dos años una carta que está en su despacho, con el debido sello de recibido, se lo informaba?

Con una simpleza propia de quienes ponen lo político por encima de lo jurídico, para quienes los derechos de las personas están en función del poder y son un estorbo ideológico, nos dicen que esto es jugar para las mafias. Es tan simple el argumento que no merece detenerse, aunque sí una aclaración: también hay mafias políticas, tan mafias como las otras. A las dos hay que perseguir.

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