El Código del Proceso Penal (CPP) debe ser la ley más comentada de la década. Sobre él se hacen caer las peores culpas. En general todos lo critican, pero el gobierno lo eligió como chivo expiatorio.

Sin embargo, hay que tener una enorme deshonestidad intelectual para afirmar que la catástrofe que vivimos en materia de inseguridad es culpa del CPP.

Por la sencilla razón de que no tuvo tiempo para ser responsable de tanto desastre. La violencia desatada que llevó a multiplicar las rapiñas y los homicidios tiene varios años, y el Código apenas 8 meses de vigencia. Querer explicar los últimos trece años por una ley que rige hace apenas un puñado de meses es un fraude intelectual.

Que el CPP tiene cosas que están mal es verdad, y que hay que modificarlas, también. Pero, dos constancias. Este Código se votó en forma unánime en la mayoría de sus artículos porque todos los organismos consultados —tanto académicos, abogados, Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía— decían que era lo que había que hacer. Así que, sin deslindar responsabilidades, es bueno aclarar que muchos de quienes hoy se rasgan las vestiduras en contra, durante su análisis opinaron en la prensa, asesoraron en el Parlamento y en la To- rre Ejecutiva diciendo que el mundo camina en el mismo sentido y pidieron que se votara. No vale que algunos fiscales, exfiscales, y jueces miren para el costado como si no hubieran sido consultados ni asesorado a favor del mismo.

Una cosa es constatar que hay cosas que cambiar y muy otra construir un relato a partir del cual se quiere licuar las responsabilidades del gobierno en una novísima ley de procedimiento. De las más de 9.000 rapiñas del 2005 a las 20.000 por año de hoy, no se pasó por culpa de este Código si no por un cúmulo de malas decisiones y de un fracaso de gestión del FA.

La culpa es del FA, no del Código. En 2005, bastante antes de que entrara en vigencia el actual CPP, el FA liberó centenares de presos por una simple operación matemática: bastaba que hubieran cumplido una porción de la pena para que los liberaran. Qué Código ni nada, a pura decisión política del FA, a sola firma. Es deshonesto decir ahora que la catástrofe es culpa de la benignidad del Código. La mejor ley penal o el mejor procedimiento penal, todo ello no sirve para nada sino hay una voluntad política de combatir la impunidad, que es lo que realmente pasa hoy. Vamos a modificar el Código, pero si no cambia la decisión de enfrentar el delito y la violencia con el mayor cambio cultural que hay que hacer, que es asumir que el gobierno tiene que proteger a la gente hasta el límite mismo de lo que permite la ley, estamos fritos.

El FA tiene miedo de reprimir la violencia y defender a la Policía porque le tiene temor a las organizaciones de derechos humanos que pudieran salirle al cruce. El relato aquel de que el delito es consecuencia de postergaciones sociales entró tan fuerte que ahora no pueden salir de él. Y las verdaderas víctimas, las de todos los días, los trabajadores del transporte, de un súper o un laburante terminan pagando con su vida el miedo institucional de un gobierno que está pendiente del qué dirán y de que cada medida no sea tildada de represora. Le importa más la crítica de una ONG, que la del pueblo.

En estos tiempos de mundial, no hace falta consultar el "VAR", para saber quién es el verdadero responsable del desastre.