Hay inseguridad, pero además hay impunidad. En la mitad de los homicidios que se cometen, el homicida no paga su crimen ni con un minuto de cárcel.

Sencillamente nunca se descubre al autor. Cada dos asesinatos uno queda impune. Matar, la mitad de las veces, es gratis.

Del resto de los delitos una mínima parte pasa por un juzgado, y a su vez en otra mínima hay pena. Todo esto de lo efectivamente denunciado, que cada vez es menos, por esto mismo: el descreimiento en el sistema es tal que salvo cosas muy graves o para hacer efectivo el seguro, el ciudadano prefiere “no perder tiempo”. Esto es la ausencia del Estado en una función básica y la total indefensión de la gente. Entre el delincuente y el ciudadano de bien debería haber una pared que es el escudo protector de las instituciones.

Hay un enorme malestar con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en buena medida alimentado por el gobierno que deposita en él la culpa de la inseguridad para sacarse las propias. No quita que es verdad que tiene fallas propias notorias. Sin embargo, la culpa de la norma no es la causa principal ni mucho menos, la mayor parte no tiene nada que ver con el Código, sino con la gestión del gobierno y es bien anterior a su vigencia. La violencia creció en forma desatada en los años que transcurren desde 2005, y el nuevo Código rige desde noviembre de 2017. Los homicidios se duplicaron y las rapiñas se triplicaron desde ese año. ¿Qué tiene que ver el Código de 2017, con los 12 años anteriores? Según cifras oficiales entre 2011 y 2017 el aumento fue del 42,2%, es decir hasta mismo antes del inicio del CPP. Echarle las culpas al Código parece por lo menos, bastante fuera de la realidad. Que debe modificarse sí, pero tengamos en cuenta que si está vigente es porque aquellos mismos que piden sus cambios hoy, fueron los que pidieron, casi que exigieron a gritos, su aprobación a todos los partidos políticos: jueces, la Suprema Corte de Justicia y el Fiscal de Corte. Lo hicieron con cada partido en particular y con todos simultáneamente, en la convocatoria que realizó el presidente en 2016.

Argumentar que la inseguridad es fruto de un mal Código es insostenible. Con el mejor Código del mundo (que los mencionados antes nos dijeron que era éste), pero con una Policía atada de manos, sin respaldo político e institucional, y con un clima de impunidad que estimula a delinquir, es imposible enfrentarla.

Con el mejor Código del mundo pero con prejuicios políticos e ideológicos para enfrentar la inseguridad y reprimir el delito, pensando muchas veces que el delincuente es la víctima por una sociedad que no lo comprende y no lo atiende socialmente, es imposible ganar la partida. Con el mejor Código pero sin marcar claramente los límites entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, tampoco. Que además es que lo que se ha perdido: la noción de que no todo es lo mismo, ya que no hay sanción. Por eso el mensaje tiene que ser lineal: esto se enfrenta si queda claro que el que las hace las paga y se acaba la impunidad.

No es igual estar del lado de la ley que cruzar la línea. Somos más los que queremos esa actitud, la demagogia y lo políticamente correcto silenció a la mayoría que quiere vivir tranquilo y tener un gobierno que lo defiende y lo protege. Quince años después, el FA dice “yo no fui”. La culpa es del Código y además del gran Bonete.