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Estado fallido

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Javier García
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Un Estado ineficaz, que no puede cumplir sus funciones más básicas y que lo pone en las fronteras de su existencia soberana suele ser el concepto de "Estado fallido".

La pregunta es si un Estado con sobrepeso, que es su contracara, puede tener áreas donde algunas funciones sean "fallidas". Nuestra organización estatal si por algo se caracteriza es por estar en todos lados (desde administrar Justicia hasta fabricar perfumes y algún copetín como hasta el año pasado). En muchos lados está bien, en otros no debería estar, y en algunos que es imprescindible y monopólico, como proveer de seguridad a la población, es fallido. Es más que ineficaz, está superado. Dentro de un Estado normal hay un "Estado fallido" en materia de seguridad.

Lo que está pasando es muy grave. Hay áreas donde la administración de Justicia no existe y fue suplida por una "justicia" con un código penal propio, aplicado estrictamente por las mafias. Ese "código" contiene penas que llegan a la de muerte. Una banda decide cómo se persigue al que le debe, al que le compite y le molesta, y si decide aplicarle la pena de muerte, lo hace con efectividad y la mayoría de las veces con impunidad. En Uruguay hay pena de muerte vigente. En 74 días de este año, van 91 homicidios (al jueves), muchos de ellos a manos de esta "justicia". Pero todos fruto del Estado fallido en materia de seguridad. Terrible.

El Estado abandonó una función primaria. Pueden discutirse muchas cosas, pero nadie la que le adjudica el monopolio de la fuerza pública. Por más que hoy ya sea muy relativo y las formas de proveerse seguridad por parte de la población, desde las empresas privadas hasta la tenencia de armas propias, haya trasladado esa función en buena medida al ámbito particular (por esta misma ausencia).

Zonas liberadas, cerradas, patrullajes mafiosos, seguimientos, inteligencia propia, armamento pesado, contactos fluidos con los líderes presos. En todo esto el Estado no está, abandonó, se declaró rendido. Miles de uruguayos viven con miedo, en barrios "favelizados", donde los disparos son tan normales que ya ni los perros ladran cuando se escuchan. Como el gobierno se declaró incompetente y abandonó su obligación de ejercer la autoridad en todo el territorio, solo hace cosas que no puede dejar de hacer, como enterrar a los muertos. A lo que se dedica es a registrar fallecidos, enterrarlos y calificarlos dentro de un renglón especial: ajuste de cuentas/conflicto entre delincuentes. Son los muertos del "Estado fallido", donde la incapacidad aberrante y peligrosa de las autoridades se demuestra en su máxima expresión. Un niño va a la escuela y en la puerta le pegan un balazo en el pecho, cuando esa bala iba destinada a aplicar la pena de muerte decidida por esa justicia paralela. Es un "daño colateral", casi que un herido de guerra. Lo que estamos viviendo es dramático. Los que más sufren esto son los más débiles, aquellos a los cuales el progresismo abandonó a manos de las mafias. Los que viven y van a las escuelas y policlínicas que están en esos territorios dejados en manos de las bandas.

Restablecer la autoridad del Estado allí, hasta sus últimas consecuencias, es una tarea hoy de justicia social. Y resulta que la noticia es que Vázquez destituyó a su chofer. El problema para los uruguayos, (¡por Dios!) no es quién le maneja el auto, sino la seguridad pública.

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