En marzo de este año se presentó en el Parlamento el proyecto de ley de eutanasia que establece la exención de responsabilidad al médico que ayude a dar muerte a enfermos terminales o a quienes son afligidos por sufrimientos insoportables.

Se plantea el derecho al suicidio cuando se tiene una enfermedad terminal o se padecen sufrimientos insoportables. La exposición de motivos señala como uno de sus principales fundamentos la libertad de la persona, haciendo referencia al art. 7 de la Constitución.

En este tipo de leyes nos enfrentamos a un profundo y complejo dilema, no solo político y jurídico sino también ético, sobre el derecho a la vida y a la igualdad frente a este derecho. El tema de fondo es que cuando hablamos de “muerte digna”, no todos hablan de lo mismo. Para unos representa un crimen inhumano y para otros un acto humanitario de profunda compasión. El filósofo Miguel Pastorino dice que aquí es donde se encuentra el núcleo del debate ético: ¿es lícito provocar la muerte intencionalmente en un contexto médico?.

Pero hay que entender bien las diferencias: la distanasia o ensañamiento terapéutico es retrasar la muerte a cualquier precio, por todos los medios, aunque no haya esperanza y aunque eso signifique sufrimiento al moribundo. Oponerse a la distanasia no es lo mismo que defender la eutanasia.

Por el contrario, la “ortotanasia”, es no alargar la vida innecesariamente y nuestro país cuenta con una Ley de Voluntad Anticipada (18.473) que respeta los derechos del paciente a decidir si no quiere recibir tratamientos innecesarios que prolonguen su vida. No es acelerar la muerte intencionalmente, sino acompañar y aliviar el sufrimiento para ayudar a morir de la mejor manera posible con cuidados paliativos.

Los que están en contra de la ley plantean ¿una persona en medio del dolor y sufrimiento, está en condiciones de tomar la decisión de seguir o no con su vida? ¿Puede realmente ejercer su libertad? “El suicida generalmente quiere acabar con su sufrimiento o el de sus seres queridos, no con su vida”, dice Pastorino. Incluso se corre el riesgo de lo que el español Emilio García Sánchez llama “bypass eutanásico”, que es pasar a la muerte, sin dar espacio a los cuidados paliativos.

Y aquí entra otro debate, el jurídico, donde el Estado, que debe proteger a sus ciudadanos, atender las necesidades de aquellas personas que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, precisan ayuda ¿lo debe hacer asegurándoles adecuados cuidados paliativos o dándoles la opción de decidir cuándo morir? ¿Cuál es la ayuda?

El debate recién empieza, pero está claro que no debería pasar desapercibido. Es una discusión que no debería darse en medio de leyes de urgente consideración, presupuestos quinquenales y pandemias que tienen al país entero ocupado en temas urgentes y que atraen toda la atención.

Los uruguayos debemos decidir qué vamos a hacer con nuestros ancianos y enfermos, pero también cuál es la decisión sobre nuestra vida, cómo queremos morir dignamente.

Eso requiere momentos de debate, de reflexión y discusión no solo en el parlamento, sino en la sociedad en su conjunto.