La semana pasada las noticias del parlamento que ocuparon los titulares fueron los intercambios en la Cámara de Diputados por temas de género y las repercusiones del cuplé de Rivera en Senadores. 

Los ecos de ambas discusiones llevaron a que otro tema que se analizó en el Senado, pasara prácticamente desapercibido.

La Ley de Urgente Consideración incluye cuatro artículos que buscan agilizar el proceso de adopciones. La oposición está especialmente resistente a dos de ellos, pero más allá de esa discusión, perdimos la oportunidad, una vez más, de poner el tema en agenda y hablar en serio de esta realidad. Sigue siendo un problema invisibilizado en nuestro sociedad, salvo para aquellos que les toca de cerca.

De acuerdo a datos del INAU, por año se anotan en promedio 134 familias para ingresar al RUA-Registro Único de Adoptantes (166 en 2019), de las cuales solo 4 en promedio no pasan la valoración. Pero solo 94 adoptan efectivamente luego de 4 años en promedio de espera, teniendo que esperar a veces hasta 2 años para la primera entrevista. Si ese tiempo de espera para los adultos es mucho, imaginemos para los niños. Al 13 de marzo de 2020 había 380 niños en condición de adoptabilidad, de los cuales 60 tienen algún tipo de discapacidad. De acuerdo a un estudio hecho por Unicef, Uruguay tiene una de las tasas más altas de niños en instituciones de cuidado de la región, lo que es observado con preocupación, especialmente por el alto número de niños menores de 6 años institucionalizados, las condiciones poco adecuadas para aquellos de 0 a 3 años y su prolongación en el tiempo. Porque es la etapa clave en el desarrollo, pero además porque, en caso de no ser adoptados, una cantidad mayor a la deseada tiene un recorrido sin escalas de la institución de cuidados, al Inisa y al Comcar. En nuestro país la adopción se encuentra regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (Ley 17.823), que tuvo modificaciones en 2009 y 2013, donde se dispone que el INAU es el único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas. Pero también interviene el Poder Judicial que es quien dispone la inserción del niño, niña o adolescente a una familia seleccionada del RUA, siempre como segunda alternativa a la integración con su familia biológica o extensa. O sea, el proceso de adoptar involucra acciones de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esto no se arregla solamente con modificar una ley.

Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siguen esperando los niños? Si hay algo que tiene esta situación son diagnósticos: problemas de coordinación, de gestión, falta de mirada interinstitucional, necesidad de ser visto como política de Estado y no de “chacritas”. Pero pasan los años y el tema no avanza. Como en muchos otros casos, nos acostumbramos a convivir con el problema.

Llama la atención que en la discusión en el Senado del articulado referente a este tema, las únicas que hicieron uso de la palabra fueron las senadores mujeres, que, como son el 20%, no obtuvieron la tracción o el protagonismo de otros asuntos de intercambio.

Mientras estamos leyendo esta columna, hay cientos de niños y cientos de familias que esperan reunirse para festejar su día. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando?