Investigar o perseguir

Las comisiones investigadoras del Parlamento han existido prácticamente desde siempre pero, en los últimos tiempos, desarrollaron características de funcionamiento que desnaturalizan sus cometidos. Durante la primera legislatura después del restablecimiento de las instituciones republicanas (1985-1990) su formación fue solicitada y votada con moderación y en pocos casos. En el Senado recuerdo una investigadora sobre la compra de centrales telefónicas digitales y en Diputados la investigadora sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Fue durante la legislatura siguiente, es decir durante el gobierno del Partido Nacional, que empezó un proceso inflacionario en este campo: como se sabe la inflación consiste, en una multiplicación cancerosa de la cantidad (emisión) con un correlativo envilecimiento de la calidad (inflación); en lo económico se trata de la moneda, aquí de la calidad de las comisiones investigadoras.

Estas comisiones comenzaron en aquel entonces a ser utilizadas como estrados a donde se subían figuras políticas menores en una desfachatada búsqueda de notoriedad disimulada bajo la careta de lucha contra la corrupción. El caso más notorio en ese período —o el más asqueroso—fue la investigadora sobre Focoex, llevada adelante por los diputados Pita y Nicolini (éste último actualmente prófugo) y cuya vergonzosa culminación, como se recordará, fue la presentación de las pruebas que fundamentaban la denuncia y los largos meses de actuación de la comisión: dos faxes adulterados.

El mal uso de un instituto no debe conducir a conclusiones drásticas respecto a su naturaleza o utilidad: hasta las cosas más nobles se pueden usar mal si caen en manos inapropiadas. Pero el abuso de las comisiones investigadoras —sobre todo en la Cámara de diputados, donde tienden a florecer con una fecundidad primaveral— ha consolidado ciertas patologías que aconsejarían una pausa reflexiva. No sólo es deplorable cuando todo termina en farsa como en el caso citado. Limitarse a la remisión de los antecedentes a la justicia es casi peor: implica sembrar la sospecha y luego mandarse a mudar, pasándole el fardo a otro; en cualquier ámbito esto circula con el nombre de canallada.

Las comisiones investigadoras que están funcionando actualmente —la referida a los sucesivos infortunios de la Corporación para el Desarrollo y la de los descalabros bancarios— sufren otro tipo de afectaciones inutilizantes. Vistas desde afuera parecen un picadero de acrobacias donde todos los participantes se desensillan corcoveando para sacar la pata del lazo. Las declaraciones de los ex directores/as renunciantes del Banco Central, las de los directores actuales de la Corporación y de los anteriores van en una sola dirección. Están los que dicen que no sabían nada, que no fueron informados y por otro lado los que dicen que sabían todo, el supremo desastre (pero reclamaron tan bajito antes como fuerte ahora, que es tarde). Esto en el Banco Central; las declaraciones que han aparecido en el curso de la semana que termina respecto a Banco de Crédito-Corporación para el Desarrollo son de un acabado estilo cantinflesco y se disparan en las mismas dos direcciones que el caso anterior.

El desempeño de las comisiones investigadoras del Parlamento ha sido y sigue siendo inefectivo. Ni las acusaciones han sido bien planteadas ni los descargos. Lo que pasa es que los integrantes de las investigadoras se han dejado llevar por una dialéctica de denuncia-acusación, lo que provoca, inevitablemente, la defensa y la disculpa. Si la actividad de estas comisiones se empecina en lo cinegético, en una lógica de cazador-presa, el asunto no tiene salida: es un juego de final tablas. Tiene un solo resultado seguro: el descrédito generalizado del sistema (acusador y acusado por igual). Si Ud. no me cree, pregunte un poco a su alrededor.