GONZALO AGUIRRE RAMÍREZ

La Justicia funciona con lentitud desesperante. En ciertas materias, como la contencioso administrativa de reparación patrimonial contra el Estado, es casi como si no funcionara. Así resulta de lo declarado en El País dominical por los titulares de los tres juzgados que fallan en esos juicios.

Un conocido colega declaró, en la misma edición de nuestro diario, que nuestro proceso penal es un desastre, entre otras razones porque se rige por un Código deficiente, cuyos proyectos de reforma total o parcial siguen sin sancionarse, por falta de voluntad política. No dijo otra cosa que la verdad.

El Tribunal de lo Contencioso, atosigado por las casi mil demandas que se presentan por año, funciona a ritmo de carreta. Distintas reformas se han proyectado, a su ley orgánica, para corregir dicha lentitud y tecnificar sus procesos. Entre ellas, la de la imprescindible creación de algunos juzgados de primera instancia, de modo de descongestionar la labor del Tribunal. Anteproyectos de ley, redactados por especialistas con el visto bueno de los ministros del T.C.A., en el 2002 y a fines del 2007 fueron entregados al Poder Ejecutivo y a algunos legisladores. Ni uno ni otros los presentaron.

Si la Justicia anda mal, el sistema educativo, sobre todo el estatal, marcha peor. Nada más negativo puede ocurrirle a una sociedad, ya que su progreso y calidad de vida dependen de la educación impartida a sus nuevas generaciones. Si esta es de mala calidad, como lo es desde hace tiempo en nuestro país, éste se condena a la decadencia que ya nos ha invadido.

La inseguridad, determinada por una minoridad delictiva que no cesa de crecer, por el fracaso total del INAU en corregir y encauzar a los menores infractores y por la ineficiencia de una policía mal paga y no tecnificada, crece de continuo. El gravísimo problema, es cierto, no lo creó este gobierno, pero sí lo agravó. Por preocuparse más de justificar su inoperancia que de proteger a la sociedad de este azote.

La crónica crisis energética, verdadero cuello de botella del que hay que salir sí o sí para acceder a un verdadero desarrollo económico, sigue planteada en los mismos términos que cuando el Frente Amplio accedió al gobierno tras prometer el oro y el moro. Las "soluciones" planteadas no han sido tales sino gruesos errores o proyectos utópicos y, por tanto, irrealizables. Los monopolios estatales, defendidos exitosamente -con uñas y dientes-, por el corporativismo feroz de sus sindicatos, siguen asfixiando al país con el peso de la prestación ineficiente de sus servicios y de su costo abusivo.

La basura avergüenza y molesta a los montevideanos, los carritos siguen dando una imagen penosa de nuestra capital, que asombra negativamente a los turistas extranjeros, el tránsito es caótico, mientras los impuestos municipales son cada vez más onerosos. ¿Y qué decir de las multas?

Mientras tanto, nuestros jóvenes más capacitados, así como los que no lo son, siguen emigrando.

Somos, cada vez más, un país de viejos, cuyas carencias y graves problemas son más que los enunciados. Entre ellos, el de la enorme crisis económica universal, a cuyos efectos no podemos escapar.

Los desafíos, con vistas al futuro, son pues múltiples y graves. Entre tanto, sumándose al carnaval comercializado, propio de nuestro decadente presente, el Parlamento se ocupó la semana pasada de la ley de caducidad y de los crímenes prescriptos que ésta amnistió. El oficialismo, con los ojos en la nuca, así lo determinó. ¡Qué manera de perder el tiempo!