Esto no parece Uruguay” es la frase más escuchada cuando una persona entra por primera a una Zona Franca (ZZFF). Es cierto que la arquitectura, urbanismo y diseño es de primer mundo, pero es Uruguay. Las ZZFF le aportan mucho al país y están bajo la lupa a nivel internacional.

Hay más de 5 mil ZZFF para promueven la atracción de inversiones y la generación de empleo de calidad en 140 países del mundo -90% de ellas en países en desarrollo y la mitad en China.

En Uruguay hay cerca de mil empresas habilitadas a operar en 11 diferentes ZZFF, las cuales ocupan directamente a más de 15 mil personas (90% uruguayos), con una remuneración promedio casi dos veces superior a la de las personas ocupadas en el resto de la economía. Algo que es natural cuando la proporción de personas empleadas que tienen educación secundaria es cinco veces superior a la del total del país. Además, de forma indirecta, debido a las relaciones comerciales asociadas a los encadenamientos productivos con empresas fueran del régimen, las empresas de ZZFF generan otros 14 mil puestos de trabajo.

En promedio desde 2014, por cada peso exonerado de impuestos -fundamentalmente de impuesto a la renta empresarial (IRAE), e Impuesto al Patrimonio-, las ZZFF le dejaron al país un beneficio económico 5,8 veces superior; multiplicador que crece sostenidamente con el tiempo y en 2019 alcanza a 7,3.

El impacto positivo es mucho mayor porque esos números no consideran que las ZZFF generan transmisión de prácticas empresariales innovadoras, incorporación de estándares de calidad internacional con inducción a su adopción a parte de los proveedores locales, transferencia de tecnología, mejora de productividad de los recueros humanos, y políticas sociales de responsabilidad empresarial que trascienden ampliamente el territorio en el que están instaladas.

En resumen, las ZZFF son un ejemplo exitoso de política de Estado de larga data que impulsa el desarrollo del país y que nos demuestran que en Uruguay se puede estar en la frontera de la tecnología y del conocimiento.

Esta herramienta para atraer inversiones se encuentra bajo cuestión, luego del acuerdo internacional alcanzado el año pasado para imponer un impuesto mínimo global de 15% a la renta de las empresas multinacionales de determinado porte. Esta reforma implicaría, entre otras cosas, que una empresa extranjera instalada en ZZFF tendría que pagar un 15% de sus ganancias obtenidas en Uruguay al fisco de su país de origen.

Para financiar sus crecientes gastos, los gobiernos de los países desarrollados, desde la crisis financiera de 2008, persiguen a los capitales de las personas para recaudar más impuestos; y luego de la crisis de la pandemia, empiezan a hacerlo con las ganancias de las empresas. Primero fueron a buscar las fortunas depositadas en cuentas en “paraísos fiscales” y ahora van por los retornos de las empresas que localizaban sus operaciones en países de baja o nula tributación. Esto afecta no solo a las ZZFF, sino todo el régimen general de promoción de inversiones, así como a algunos sectores específicos con exoneraciones tributarias como el software o la biotecnología.

La especialista tributaria y socia en Estados Unidos de PwC Amparo Mercader, en un foro organizado al respecto por la Universidad ORT, se refirió al asunto como la “reforma fiscal más grande del siglo”, y dejó en claro el riesgo que implica para Uruguay.

El ex director de la DGI y subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri dejó plasmada su preocupación en Montevideo Portal: “los cambios tributarios mundiales anunciados ponen en cuestión algunas de nuestras principales herramientas para atraer inversiones. Dada la magnitud de los desafíos que esto plantea, debería ser un tema relevante de la agenda pública en los próximos meses, involucrando al gobierno, sectores de actividad involucrados y sistema político. Por ello es que hay que analizar cómo mejorar el esquema de promoción de inversiones”.

El ex ministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas fue contundente en su columna en estas mismas páginas: “somos un país caro, de mercado reducido y, para colmo, periférico. Sí, tenemos estabilidad jurídica, una democracia que funciona, y somos fantastic, pero con eso solo no vamos a atraer inversiones en volumen adecuado para crecer. Si nos anulan los incentivos tributarios (incluyendo las zonas francas), o abaratamos costos o la quedamos”.

Dada la relevancia del asunto, por más difícil que sea, no se debería dejar de hacer intentos por plantear resistencias en foros globales, junto a otros países que también se van a ver perjudicados; que son varios, y entre los que hay pesos pesados. Cuanto más se pueda postergar su implementación, mejor para el país.

Al mismo tiempo, Uruguay se debe preparar para la nueva realidad global. Es necesario estudiar sistemas de compensación para las empresas multinacionales afectadas con reducción de costos de producción, como por ejemplo en aportes patronales a la seguridad social o tarifas públicas. Alternativamente, se debe analizar el impacto de una reducción generalizada del IRAE a todas las empresas, con proyecciones sobre la evolución en la recaudación fiscal, para lo que habría que computar los potenciales aumentos en otros impuestos por la mayor actividad económica que se podría generar. La tasa del IRAE en Uruguay es 25%, pero si se consideran todas las exoneraciones otorgadas por regímenes especiales, la tasa efectiva -la recaudación total del impuesto relativo a la renta empresarial generada en el país- se acerca al 15%.

Y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de todo que está en juego, que es mucho. Fue por ello por lo que hace unos días, para empezar, presentamos un estudio que cuantifica los beneficios que las ZZFF le generan al país.

Estamos frente a una gran amenaza, corre riesgo la estrategia seguida desde hace mucho tiempo por Uruguay para atraer inversiones e impulsar el crecimiento económico y la calidad de vida. Estamos frente a un asunto de altísima relevancia y prioridad para el país.