El Poder Ejecutivo terminó de redactar el proyecto de Ley de Presupuesto 2020-24. Los supuestos del Presupuesto, la base sobre la cual se computan los ingresos tributarios necesarios para financiar el gasto del gobierno, son las proyecciones de crecimiento de la actividad económica.

En el Presupuesto de la primera administración Vázquez, el crecimiento promedio anual proyectado para 2005-09 era 3,8% y terminó siendo 6%. Este desvío positivo se explicó en parte porque los alimentos que exportamos duplicaron su precio y el costo de acceso al financiamiento externo se redujo casi a la mitad. Y además porque el gobierno asumía en un país que se había abaratado sustancialmente con el ajuste del 2002. Se había comprometido en el Presupuesto a terminar el período con un déficit de 0,4% del PBI, pero terminó con 1,6%, valor similar a heredado a fines de 2004.

En el Presupuesto de la administración Mujica el crecimiento promedio anual proyectado para el PBI del quinquenio 2010-14 era 4,6% y terminó siendo 4,9%. Más allá de la ventana de la crisis financiera global, las condiciones externas favorables siguieron. A pesar de ello, el Presupuesto proyectaba terminar con un déficit de 0,8% del PBI, pero finalizó con 3,5%.

En el Presupuesto de la segunda administración Vázquez el crecimiento proyectado para el PBI del quinquenio 2015-19 era 2,8% y acabó siendo 1,3%. Los vientos externos favorables dejaron de soplar. El Presupuesto proyectaba terminar con un déficit 2,5% del PBI, pero terminó con 4,7%.

El nuevo Presupuesto proyecta un crecimiento promedio anual para el PBI del quinquenio 2020-24 de 1,6% y terminar con un déficit fiscal de 2,5%. El Poder Ejecutivo no prevé aumentar impuestos por lo que la reducción del déficit dependerá del aumento de la recaudación derivado del aumento del nivel de actividad y la reducción del gasto público.

Estos números presuponen una corriente de inversiones del exterior que permitiría impulsar el crecimiento a partir del 2022, para lo que serán necesarias reformas que mejoren la productividad.

Es una buena señal que el Poder Ejecutivo descarte aumentar la carga impositiva de la población, que ya se apretó el cinturón y que, además, recibe a cambio servicios de calidad insuficiente. Afortunadamente, ya no se escucha que existen recursos disponibles asociados al “gasto tributario” de promoción de inversiones. La ficción de creer que sin las exoneraciones existirían esas inversiones no tiene base.

La reducción del gasto no es sencilla ni grata. Gran parte de los rubros son rígidos a la baja, con mecanismos de ajuste fijados en normas constitucionales o legales, o por contratos previos que rigen por muchos años. A su vez, no alcanza solo con reducción de cargos de confianza, freno en el llenado de vacantes o cortes de la publicidad oficial. La cuestión es si el país se puede seguir endeudando para pagarlo.

Hoy la deuda pública asciende a 75% del PBI. Si no se reduce el déficit fiscal y si la economía no retoma una senda de crecimiento significativo, la deuda llega rápidamente a niveles demasiado elevados.

La disminución del gasto público propuesta es la que permite, dado el supuesto de crecimiento del PBI, tener un déficit que permita que la deuda pública se estabilice (en porcentaje del PBI). Los supuestos del Presupuesto no son otros que los necesarios para que la deuda pública se pueda pagar.