Tenemos un sistema penitenciario que está lejos de poder reinsertar a las personas en la sociedad. El problema tiene larga data, sabemos que estamos en falta.

La realidad nos muestra que el 60% de las personas que salen de la cárcel duerme en la calle, el 80% es adicto a las drogas y el 65% termina por reincidir.

El nuevo gobierno presentó un plan para dar trabajo, educación y sanidad a los privados de libertad. En estos días, comenzará a funcionar adentro del Comcar una oficina del Mides, orientada a mejorar la reinserción familiar, social y laboral de aquellos que están por egresar del sistema carcelario. Bienvenidos todos los esfuerzos para reducir las causas de la reincidencia.

En una investigación que fue publicada hace unos años en el Journal of Public Economics estudiamos la reincidencia delictiva. Demostramos que existe una reincidencia que se produce el mismo día de la liberación y que es muy sensible a intervenciones de políticas públicas. En particular, presentamos evidencia de que el 25% de las personas reincidía el mismo día en que recuperaba la libertad. Los datos mostraban que la reincidencia se producía en delitos contra la propiedad (hurtos o rapiñas) y no en delitos contra la persona (violencia doméstica o lesiones personales). También mostraban que la mayoría de los que reincidían eran solteros, carentes de contención emocional y financiera a la salida de la cárcel.

Las características de nuestro sistema carcelario ayudan a entender qué puede haber detrás de la reincidencia del primer día. El hacinamiento en las cárceles es elevado y se encuentra por encima del máximo aceptado por las Naciones Unidas. Las condiciones de vida son totalmente inadecuadas, por decir lo menos. Son escasas las políticas efectivas de rehabilitación y de posterior reinserción social. El 70% de los internos proviene de contextos críticos y más del 90% carece de educación secundaria completa. Cerca del 90% son solteros y más del 60% tiene menos de 30 años.

Ni las autoridades carcelarias, ni los asistentes sociales, ni los internos saben cuál será el día exacto de la liberación. Tampoco lo saben la familia o allegados de la persona a ser liberada. Están todos a la espera de la autorización firmada por el juez, que nadie sabe cuándo va a llegar. Por lo tanto, los reclusos usualmente salen solos y, para respetar los códigos carcelarios, dejan todas sus pertenencias en la cárcel.

En nuestro estudio también demostramos que la reincidencia del primer día en esas condiciones prácticamente se eliminaba con el pago de un subsidio monetario otorgado al momento de la liberación. Así sucedió mientras el pago a los liberados pasó de ser solo el costo del transporte a un monto que cubría una canasta muy básica de consumo durante las primeras horas en libertad. Aquella política fue una gran iniciativa personal. Don Enio Collazo se había puesto al hombro realizar el pago del subsidio, que lamentablemente fue discontinuado.

Enio la tenía clara… ¿Por qué no se vuelve a hacer lo que él hacía? Sería muy eficiente: el gasto es 200 veces menor al que se realiza en Uruguay para tratar de evitar un delito contra la propiedad. Todos los días son liberadas alrededor de 15 personas del sistema carcelario. Si a cada uno se le dieran 350 pesos, el monto mensual ascendería a 160 mil pesos: una inversión que no debería ser difícil de sustituir por otra partida del presupuesto.