Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Reforma previsional

Nuestro sistema previsional tiene dos siglos de vida, sus inicios son incluso anteriores a la independencia. A lo largo de los años se fue ampliando y adaptando con múltiples reformas, pero nunca se pudo hacer una reestructura para lograr un sistema integral.

Hoy el sistema cuenta con siete vertientes: el BPS que abarca 457 mil jubilaciones y 245 mil pensiones; el Banco de Seguros del Estado que recibe los fondos que administran las AFAP y suma 43 mil jubilaciones y 19 mil pensiones; el retiro de las FFAA que incluye 35 mil jubilaciones y 15 mil pensiones; el retiro Policial que incluye 20 mil jubilaciones y 13 mil pensiones; la caja bancaria que abarca 12 mil jubilaciones y 6 mil pensiones; la caja profesional que incluye 11 mil jubilaciones y 5 mil pensiones; y la caja notarial que suma 3 mil jubilaciones y 700 pensiones.

El gasto total del sistema crece sostenidamente y ya supera los USD 6.000 millones anuales (12,5% del PBI), un nivel similar al observado en los países de mayores ingresos del mundo. Menos de la mitad de este gasto es financiado por el aporte de los trabajadores -sobre quienes recaen aportes elevados en comparación global- y empresas -que no resisten mayores aportes-, lo que genera un peso creciente en las cuentas públicas.

En los 25 años que pasaron desde la última reforma, se dieron cambios profundos que obligan al país a adaptar el sistema a la nueva realidad. No hay misterio: los que reciben las prestaciones viven cada vez más y los que aportan son cada vez menos. En 1996, la esperanza de vida al nacer era 73,9 años y ahora es 78,0 (y a los 60 años ya supera los 85). Cada año fallecen 24 mil mayores de 65 años, pero empiezan a cobrar su jubilación más de 35 mil. Al mismo tiempo, las relaciones laborales son más dinámicas, con menos contratos permanentes, y más temporales y ocasionales.

Existe un amplio consenso político en la necesidad de realizar una reforma. La LUC creó una comisión que deberá presentar un diagnóstico en 90 días a partir de su constitución y recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del diagnóstico. La semana pasada, Ceres presentó un análisis como insumo para la discusión.

Lo primero a tener presente es que la reforma no va a ser retroactiva: no debe afectar a los jubilados actuales, sino a diferentes generaciones de trabajadores que hoy se encuentran activos.

El nuevo régimen debería ser comprensible. Todos los trabajadores deberían poder saber cuánto tienen ahorrado y a qué jubilación accederán. El sistema debería diferenciar el aporte previsional del resto de los seguros laborales y programas de transferencias del BPS (como por ejemplo las asignaciones familiares).

La cobertura debería ser universal y atender especialmente a las personas con baja capacidad de aporte. Se debería incluir incentivos para incrementar la edad de retiro y contemplar la jubilación parcial. También se deberían impulsar incentivos para que el trabajador ahorre durante su vida laboral, de forma de aumentar la cobertura de su futuro y el de su familia.

La reforma es vital para volver sustentable el sistema, para lograr que los trabajadores sientan que se respeta su aporte para lograr un retiro digno y para que el ahorro que se genere pueda utilizarse en financiar inversiones de largo plazo. Se inicia, en estos días, una discusión muy relevante para el futuro del país.

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