El Ejecutivo terminó de redactar el proyecto de Ley de Presupuesto 2015-19 y le pasó la pelota al Parlamento. Veamos a continuación por qué pensamos que este proyecto que “refleja las prioridades y señas de identidad del proyecto político del gobierno” a pesar de ser arriesgado, no genera ilusión.

El Ejecutivo terminó de redactar el proyecto de Ley de Presupuesto 2015-19 y le pasó la pelota al Parlamento. Veamos a continuación por qué pensamos que este proyecto que “refleja las prioridades y señas de identidad del proyecto político del gobierno” a pesar de ser arriesgado, no genera ilusión.

Uno de los principales supuestos del Presupuesto, la base sobre la cual se computan los ingresos disponibles para financiar el gasto del gobierno, es la proyección de crecimiento de la actividad económica. En el Presupuesto de la primera administración Vázquez, el crecimiento promedio anual proyectado del PBI era 3,8% y terminó siendo 5,9%. Esto se explicó en parte porque los alimentos que producimos y exportamos duplicaron su precio y el costo de acceso al financiamiento externo se redujo casi a la mitad con respecto al quinquenio anterior. El gobierno asumía en un país que se había abaratado sustancialmente con el ajuste cambiario del 2002. Hoy el panorama es completamente diferente. Nadie espera que los precios internacionales de los alimentos mejoren demasiado y mucho menos que el costo del financiamiento siga siendo tan bajo. Y el Uruguay está muy caro a nivel global y regional.

Tenemos en el Parlamento un Presupuesto audaz porque es muy difícil que la economía crezca 2,5% en el 2016 y 2,8% en 2017 tal como el gobierno espera, para poder financiar los gastos comprometidos para el bienio. Como los ingresos fiscales se proyectan en función de la evolución de la actividad económica, es riesgoso equivocarse para arriba. Con un crecimiento menor al esperado, difícilmente se pueda cumplir con el compromiso de reducción del déficit fiscal.

Si bien en el Presupuesto se internaliza el cambio en el contexto externo, se confía que el impulso de la demanda interna sostendrá las cifras esperadas de crecimiento. Ahora, parece natural preguntarse: ¿cómo va a crecer el consumo interno cuando el desempleo aumenta, los salarios reales caen y la confianza del consumidor se hunde? Gran parte del crecimiento de este año se explica por el comienzo de la producción de la planta de celulosa de Montes del Plata. El año que viene tal efecto no va a existir y todas las megainversiones previstas para impulsar el crecimiento en un contexto externo adverso -puerto de aguas profundas, extracción de hierro, nueva planta de celulosa y regasificadora- se fueron cayendo una tras otra como fichas de dominó.

Por si fuera poco, la realidad indica que existen en el país obstáculos internos que impiden al sector productivo alcanzar mayores niveles de eficiencia. Con esto me refiero a aquellas barreras institucionales y operativas que determinan que la productividad del uruguayo promedio trabajando en Uruguay apenas supere el 40% del nivel que tendría si trabajara en EE.UU.

Es cierto que “vamos bien” en término de barreras institucionales. Según mediciones internacionales, la posición de Uruguay ha venido mejorando en la última década y estamos dentro del selecto grupo del 25% de países con mejores registros en la materia. Esto se explica por un buen tratamiento a los inversores, bajos niveles de corrupción, seguridad jurídica, respeto de los derechos de propiedad y estabilidad política más allá de los partidos y sectores que gobiernan el país. Sin embargo, con las barreras operativas la historia es diferente, estamos a mitad de tabla a nivel internacional y retrocediendo posiciones desde 2010. Las barreras operativas se reflejan en problemas de infraestructura, carencia de capital humano adecuado, complejas regulaciones, baja calidad de servicios públicos en relación al peso del Estado y falta de acceso a mercados. Más allá de promesas aún lejos de concretarse, por este lado tampoco se ve con claridad un impulso al crecimiento en los próximos años.

Confieso que cuando terminé de leer las 143 páginas del Mensaje y Exposición de Motivos del Presupuesto me quedé con gusto a poco. Esperaba un documento prolijo, serio y profesional, y eso encontré. Pero esperaba algo más. Esperaba ver, por ejemplo, algo que me entusiasmara con la posibilidad de “cambiar el ADN de la educación”, o me ilusionara con un cambio profundo en el gobierno de las empresas públicas. Entiendo que tal vez, las aspiraciones generales de compromisos de gestión que figuran en el Presupuesto puedan ser lo máximo digerible para algunos sectores del partido de gobierno. A pesar de ello, no me conforma que por tener que internalizar las restricciones que impone el partido no se encaren a fondo aspectos claves para el futuro del país, para los que existirían amplias mayorías parlamentarias.

Junto con una mayor inversión en educación, cuidado de la primera infancia, infraestructura, salud, rehabilitación de menores infractores y seguridad ciudadana, el país necesita ya una reforma del Estado que posibilite una adecuada gestión de los recursos asignados. Es por esta razón que a pesar de ser audaz al proponer gastar más de lo que tenemos, es un proyecto de Ley de Presupuesto que no entusiasma.