Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Puntapié inicial

A mediados de julio, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Urgente Consideración (LUC). La coalición multicolor logró acordar una amplia y compleja ley, que también contó en el apoyo de la oposición en la mitad de su articulado.

La LUC es para Uruguay el puntapié inicial de un difícil partido contra el statu quo. La cancha está embarrada, la pelota no corre bien y es necesario ganar porque el empate no sirve. El país necesita avanzar en varios frentes de reformas.

La LUC abarca aspectos muy diversos, profundos y relevantes. Incluye asuntos tan importantes como mejoras en el acceso a las garantías para el alquiler de viviendas y tan delicados como la simplificación del tortuoso proceso de adopciones. Incluye también la creación del Ministerio de Ambiente para la implementación de políticas de desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

La LUC presenta una batería de cambios asociados al sistema educativo. Se sientan las bases para fortalecer el funcionamiento de los centros educativos con mayor autonomía de gestión y la formación docente con más apoyo económico.

La LUC también presenta una batería de medidas asociadas a la seguridad ciudadana. Se jerarquiza la figura del policía con un mayor apoyo legal en su accionar contra la delincuencia. Se introducen penas más duras para el narcotráfico. Se establecen disposiciones -como la regulación del derecho de admisión y exclusión- para buscar prevenir y reprimir la violencia en el deporte y otros espectáculos masivos. Se crean instituciones con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que viven en el medio rural. Se crean instituciones para proteger la seguridad dentro del hogar, con el fin de reducir el flagelo de la violencia doméstica.

La LUC introduce las bases de un nuevo marco para mejorar el manejo fiscal y la dinámica de la deuda pública. Se institucionaliza una regla fiscal que deberá implementarse con criterios precisos y con la credibilidad necesaria para asegurar un adecuado manejo de los recursos a lo largo de los vaivenes del ciclo económico. Se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas para analizar la calidad del gasto público comprometido en la gestión de gobierno. Se impulsa una comisión de técnicos especializados para definir los pilares de la reforma de la seguridad social, necesaria para acotar el creciente gasto que impone a las cuentas públicas.

La LUC prevé una serie de reformas que se traducen en una potencial mejora de rentabilidad de las inversiones productivas. Se reduce la carga tributaria que enfrentan las pymes. Se pone fin a las ocupaciones de las empresas y se declaran ilegítimos los piquetes; lo cual no solo consagra derechos esenciales como el trabajo y la propiedad, sino que también implica una reducción significativa de costos para las empresas. Se introduce una serie de regulaciones y controles con el objetivo de mejorar la gestión de las empresas del Estado para viabilizar la necesaria reducción los costos de las tarifas de los servicios públicos.

La pelota empezó a rodar, habrá que meterla adentro del arco rival. A continuación me voy a detener solo en la eficiencia de las empresas del Estado, de forma tal de ilustrar la gran complejidad de implementación presente en muchos los frentes abiertos en la LUC.

Las tarifas de las empresas del Estado representan una parte importante de los costos de las empresas y del gasto de los consumidores: proveen combustible, electricidad, telecomunicaciones, agua y servicios financieros. Si fueran más eficientes permitirían abaratar al país, reducir el costo de vida y hacerlo más atractivo para la inversión, que tanto se necesita para retomar una senda sostenible de crecimiento.

La LUC introduce cambios normativos que implican un claro avance en la gestión de las empresas del Estado. Se proyectan mejoras en el gobierno corporativo de las sociedades anónimas propiedad de los entes y se busca reducir la potestad de traducir subsidios e ineficiencias en aumento de tarifas. Pero es solo el punto de partida.

Hay que tener claro que la histórica relación entre Gobierno Central y las empresas del Estado afecta la posibilidad de que los precios de los servicios que brindan puedan reflejar los resultados de una adecuada gestión. Para avanzar en estos aspectos se necesita una clara voluntad política para implementar la separación de roles dentro del Estado. No es posible controlar adecuadamente la gestión de las empresas del Estado si no se corta el cordón umbilical que une sus resultados con el financiamiento del Presupuesto Nacional. No es posible controlar adecuadamente la gestión de las empresas del Estado si no se explicitan los subsidios cruzados existentes que quedan escondidos dentro de las tarifas que se cobran en un mercado monopólico.

Es también necesario asegurar la mejora de las empresas del Estado con la creación de un organismo especializado que asuma la responsabilidad final de la gestión en nombre de todos nosotros, los propietarios. Este organismo del Estado es el que se debería encargar de monitorear permanentemente el desempeño de los directorios en el cumplimiento de las metas establecidas y la rentabilidad esperada de su actividad, y sugerir cambios si no se obtienen los resultados esperados.

En estos puntos hay consenso a nivel profesional. Así lo indica el documento: “Después de la LUC: Reforma de las Empresas Públicas”, firmado por 23 profesionales que han trabajado de forma independiente en la materia en los últimos años, y que fueron convocados por Ceres para sugerir una serie de reformas.

La LUC está aprobada, pero no hay que pedirle lo que no puede dar. El éxito dependerá de la voluntad política para su implementación y aplicación. También será crítico completar la agenda con las reformas comprometidas en los programas de todos partidos de la coalición multicolor, tales como la mejora en la inserción internacional del país y la modernización de la regulación laboral. El partido acaba de empezar.

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