Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Orejeando el Presupuesto

Si bien estamos aún dentro del plazo estipulado para que el Ejecutivo elabore el presupuesto quinquenal antes de presentarlo al Parlamento, las recientes afirmaciones públicas del equipo económico dejan claro por dónde vienen los tiros.

Si bien estamos aún dentro del plazo estipulado para que el Ejecutivo elabore el presupuesto quinquenal antes de presentarlo al Parlamento, las recientes afirmaciones públicas del equipo económico dejan claro por dónde vienen los tiros.

Lo primero para destacar es el reconocimiento de que la economía va a crecer a tasas muy inferiores al 5,5% de la última década. Con algo de optimismo, el gobierno proyecta que la econo-mía crecerá un 2,7% anual promedio en los próximos cinco años.

También está claro que es necesario frenar el gasto público para mejorar el resultado fiscal -que luego de haber subido de 1% a 3,4% entre 2012 y 2014, flota en torno del 3,5% del PBI en lo que va del año. El equipo económico anunció el compro-miso de terminar el quinquenio con un déficit de 2,5% del PBI.

Aunque parezca mentira, lo cierto es que no hay mucho para recortar. El 70% del gasto público es muy rígido a la baja, se ajusta automáticamente, está comprometido por ley o contratos previos. Por lo tanto, más allá de ajustes testimoniales como frenar el llenado de vacantes, disminuir las horas extras, cortar la publicidad oficial y reducir los viajes al exterior; para poder cumplir con el programa de gobierno van a tener que surgir nuevos recursos.

Si nos guiamos por el equipo económico, la posibilidad de aumentar la carga impositiva “no está en el menú”. Sin embargo, por otros sectores del partido de gobierno se escucha hablar de que hay disponible casi 3 puntos del PBI de “gasto tributario” de promoción de inversiones por las exoneraciones impositivas a las empresas. ¿Existe realmente este “gasto tributario”, o es una ficción? ¿Habrían existido estas inversiones con la carga tributaria regular? ¿Es una buena estrategia generar ruido por ese lado justo cuando los inversores internacionales miran con lupa a todas las economías emergentes?

Afortunadamente nadie plantea aumentar la carga impositiva de la población en un momento en que se va a tener que apretar el cinturón y, además, recibe a cambio servicios de calidad insuficiente.

Dado lo anterior es natural que las empresas públicas estén en el ojo de la tormenta. Es ahí donde se puede rascar porque su contribución a rentas generales se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Y no es solo porque inviertan más o porque congelaron las tarifas para frenar la inflación. Hay un déficit de gestión que se traduce en un marcado escalón hacia abajo en el resultado operativo a partir de 2008. Para el quinquenio se espera que el aporte de las empresas públicas a rentas generales crezca un punto del PBI. Se vienen auditorías de gestión y obligación de detallar las actividades deficitarias que desarrollan los entes. Hasta ya circula un “manual contra los parásitos”. En palabras del director de la OPP: “Hemos conversado con los compañeros que gestionan en el Estado de que la eficiencia opera como incremento presupuestal”. Sí, es una promesa sobre otra promesa, pero no hay otra.

Seríamos inconsistentes si no apoyáramos estos planteos cuando hace casi un año, en las Jornadas de Economía del BCU -en un panel en el que estaba presente el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía- presentamos públicamente cifras similares a las que hoy se vislumbran para el presupuesto. En aquel momento mostramos proyecciones de los grandes rubros, sostuvimos que era prioritario para el país llegar al 6% de inversión en educación porque no existen países exitosos en educación con nuestros niveles actuales de inversión. También planteamos que el financiamiento debía venir por el lado de mejoras en la gestión de las empresas públicas.

Lo que dijimos en aquel momento hoy lo repetimos con énfasis. La crisis educativa es una piedra en el zapato que cada día molesta más y que nos hace cada vez más difícil seguir caminado. Según una reciente encuesta de la Cámara de Comercio, más del 50% de las empresas está insatisfecha con el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes que se incorporan a trabajar. Algo que no puede sorprender cuando los resultados académicos indican que hoy la mitad de los estudiantes no adquiere la formación mínima que les permita cumplir un rol productivo en el mercado de trabajo.

Mejorar la calidad de la formación va mucho más allá de comprometerse a llegar al 100% de egreso en primer ciclo o a la permanencia de mayor cantidad de estudiantes en un sistema disfuncional. Hay tanto por hacer. Pasa el tiempo y en materia de educación a este gobierno todavía no se le ven las patas a la sota.

Financieramente ya sabemos cómo se podría llegar a invertir el 6% del PBI en educación. En breve sabremos de qué magnitud será la necesaria mejora salarial de los docentes cuyos salarios se encuentran aún muy por debajo del resto de los egresados universitarios. En breve también sabremos la magnitud de la necesaria inversión en mejoras de infraestructura, porque dignificar el espacio educativo es clave para esperar resultados.

Pero nos gustaría saber mucho más. ¿Cómo va a ser el proceso de mejora de la calidad docente? ¿Cómo se va a instrumentar la formación terciaria de docentes en el ámbito de la Udelar? ¿Se estudia la propuesta de enviar al exterior una generación de jóvenes para formase como docentes? ¿Y la de crear un sistema de incentivos a los docentes similar al Sistema Nacional de Investigadores de la ANII?

Hay consenso en el Ejecutivo de que aumentar la inversión en educación no es un objetivo en sí mismo. La OPP está comprometida con el seguimiento en tiempo real del desempeño de la ANEP. El Codicen proyecta controlar los gastos y seguir el desempeño individualizado de los estudiantes. Todo ello es necesario.

Sin embargo, si no encontramos los mecanismos pa-ra alinear los incentivos de los docentes, va a ser difícil asegurarnos que un mayor gasto en educación venga acompañado de mejores resultados. Ojalá que esta vez sí la introducción de incentivos en la gestión pública -“la madre de todas reformas”- pueda entrar de lleno en la ley de presupuesto y arranque por el capítulo de la educación. ¿Por qué no?

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