La caja del Estado da buenas noticias: en un año tan imprevisto como devastador por la pandemia, Uruguay cierra 2020 con un resultado fiscal mejor al que pudo haber sido, hay un reordenamiento destacado, no se dejaron de atender necesidades sociales, se pudo responder positivamente a requerimientos nuevos y el riesgo país está en niveles mínimos históricos.

El déficit está contenido, la dinámica de la deuda estabilizada gracias al nuevo Presupuesto y el gobierno exhibe cumplimiento de metas y articulación política eficiente para sancionar leyes.

Se cumplió la promesa electoral de no subir impuestos y eso es bueno porque el hecho de que cumplir los compromisos da credibilidad, y también porque es el reflejo del pleno convencimiento de que aumentar la actual presión tributaria es contraproducente.

En el peor momento de la pandemia se creó el Fondo Coronavirus, constituido en parte por un porcentaje de los salarios públicos más elevados, de forma de contener el impacto fiscal de los necesarios desembolsos imprevistos. Uruguay tenía una línea de crédito precautoria con organismos multilaterales y se activó en el momento en que los mercados se cerraron. Ese colchón fue clave para tomar decisiones críticas sin la soga al cuello.

El Ministerio de Economía, con su Unidad de Gestión de Deuda, logró cubrir las necesidades fiscales del año. La deuda en relación al tamaño de la economía iba en alza y se corría el riesgo de exceder el nivel tolerable por los mercados. El Presupuesto logra estabilizarla. La revista Global Markets distinguió a esta oficina como la mejor de América Latina.

Las calificadoras mantuvieron la nota de la deuda: consideran que el país equilibra las presiones fiscales y económicas subyacentes negativas, con la esperanza de que la administración implemente reformas para impulsar el crecimiento. Fitch -la más dura con Uruguay- mantuvo la confianza.

El Presupuesto mantiene el esfuerzo de financiar un elevado nivel de gasto público, que en términos reales se duplicó en los últimos 15 años. El foco se puso en educación, desarrollo social, vivienda y seguridad.

La idea rectora fue fortalecer los servicios que tengan valor para la sociedad, debilitar los que no lo tienen, y reducir superposiciones. Un ejemplo; existían casi 400 programas sociales manejados por múltiples organismos del gobierno.

El gobierno buscó recuperar la consistencia en la política macroeconómica y que la política fiscal vuelva a ser el ancla que garantice estabilidad, y para eso se aprobó por Ley una nueva institucionalidad fiscal asociada a una regla fiscal. Esto es una buena señal de la disciplina fiscal que se quiere encarar. Además, avanza el trabajo del comité de expertos para la reforma de la Seguridad Social -con la más amplia representatividad- para hacer que el sistema sea más justo y financieramente viable en el largo plazo. Eso es un aspecto crítico para la sostenibilidad fiscal del país.

La Coalición Multicolor funcionó en cada ley, negociando y acordando la ley del fondo coronavirus, la LUC, la rendición de cuentas, y ahora el Presupuesto. El delicado tejido político detrás de cada uno de los artículos que pasaron por el Parlamento, se mantuvo intacto.

Se va el año y el frente fiscal deja mucho: aunque es un esfuerzo permanente, el puntapié inicial para reacomodar las cuentas públicas ha sido dado y fue en la dirección correcta.