El “modelo australiano”, la base del bienestar de un Estado relativamente nuevo del hemisferio Sur, es relevante para Uruguay. 

Lo es por su base agropecuaria y minera, por las necesidades específicas de las reformas que llevó a cabo Australia a partir de la década de 1980, y por la manera en que se introdujeron y mantuvieron.

Hacia 1900, Australia y Uruguay estaban entre los países con mayor ingreso per cápita del mundo, y ambos rodaron luego en bajada durante la mayor parte del siglo XX.

En la década de 1970 Australia estaba enredada en una industria protegida y centralizada, enfocada al mercado interno, de baja productividad y competitividad, alérgica a la innovación, con un mercado laboral poco flexible y altamente sindicalizado (35%). Tenía un buen nivel de ingreso relativo a nivel global, pero no despegaba: había caído en una especie de “trampa del ingreso medio”, con el mismo nivel de ingreso per cápita (a valores comparables) que hoy tiene Uruguay.

El proceso de reformas comenzó en 1973 cuando el gobierno del Partido Liberal redujo unilateralmente las tarifas de todas las importaciones en 25%. Pero fue recién en 1983, con el Partido Laborista (socialdemócrata) en el gobierno, y con el respaldo del Partido Liberal, en la oposición, que la apertura económica se produjo en forma resuelta y sostenida.

Parece simple, pero fue complejo. La competencia internacional obligó a los productores australianos a ser más eficientes. Debieron bajar los sobrecostos de producción en todos los frentes: laboral, infraestructura, transporte y energía.

El éxito del “modelo australiano” se sustenta en cuatro pilares básicos:

i) Apertura unilateral. Reducción de tarifas a las importaciones, lo que, para poder competir, generó la presión necesaria para impulsar las reformas en las empresas públicas y en el mercado de trabajo. La reducción de aranceles se hizo sin esperar acuerdos de libre comercio y reducciones recíprocas de otros países para las exportaciones de Australia, lo que pone de manifiesto una gran convicción. Naturalmente que luego, ya sin complejos, se firmaron múltiples acuerdos de libre comercio (TLC) con las principales economías del mundo.

ii) Avance sin prisa pero sin pausa. Ir a la velocidad justa fue otra de las claves. No fue una política de shock sino un largo proceso gradual, aunque ininterrumpido, con redes de protección específicas. A diferencia del caso de Nueva Zelanda, donde las reformas se introdujeron de forma abrupta, el camino australiano fue secuencial. Se atendió a sectores industriales sensibles, se introdujeron transferencias sociales con beneficios a los trabajadores afectados, y hubo tratamiento especial a determinadas regiones del país.

iii) “Accord”. Un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para converger hacia una mayor flexibilización laboral, desde un sistema altamente centralizado hacia otro de negociación entre empresas, con bases comunes mínimas.

iv) Comunicación adecuada. Todo proceso de reforma tiene ganadores y perdedores. Si no se convence a la sociedad de que habrá una mejora general de calidad de vida, el proceso se vuelve insostenible. Estas dificultades se intensifican con una estructura burocrática permanente del sector público “resistente”, alineada con grupos o sectores particulares. Dado el ciclo electoral, es prácticamente un hecho de que el gobierno de turno tenga que asumir muchos más costos que el sucesor. Es ahí donde aparece el rol central que tuvo la Comisión de Productividad, que no solo ayudó a los gobiernos a identificar las mejores políticas, sino que contribuyó a defenderlas en la opinión pública, algo que es incluso más importante que lo anterior.

La Comisión de Productividad es un órgano consultivo del estado, que funciona con independencia del gobierno de turno y que le ofrece amplio asesoramiento en base a investigación académica e interacción con todos los interlocutores relevantes.

La voluntad política para hacer reformas complejas no surge de generación espontánea: se moldea en base a percepciones sobre lo que está en juego y el grado en el cual el capital político puede ser afectado electoralmente. El proceso de trabajo y los informes finales de la Comisión de Productividad han sido claves para generar un entorno político más receptivo a las reformas, y sostener un proceso gradual a lo largo de muchos años, que se mantuvo con los cambios de partidos en el poder.

Hace pocos días, gracias al apoyo de la Embajada de Australia en Argentina concurrente con Uruguay, participé en Melbourne de un seminario en la sede de la Comisión de Productividad, junto a su presidente, Michael Brennan, y a todos los miembros del directorio. Me presentaron en detalle la misión, el estatuto, la forma como se elige a los miembros, las tareas usuales y su funcionamiento. El objetivo fue analizar su aplicabilidad en Uruguay, con todos los cambios obvios para adecuarla a su idiosincrasia.

Mantuve una quincena de reuniones en Melbourne, Canberra y Sídney con representantes del gobierno (Tesoro, Departamento del Primer Ministro y Parlamento), la principal central sindical (Australian Council of Trade Unions, ACTU) y cámaras empresariales (Business Council of Australia, BCA); para tener la opinión de jugadores relevantes involucrados en el proceso de reformas.

También me reuní con John Howard, primer ministro de Australia entre 1996 y 2007 y actor principal del proceso de reformas. “Tener instituciones del gobierno que se dediquen de forma independiente a analizar las políticas de largo plazo son muy importantes en el proceso de reformas”, me aseguró. “Pero, no son suficientes si no existe la convicción política necesaria para introducir y sostener los cambios”.

Tal proceso requiere de un liderazgo que tenga visión y ambición. Australia lo tuvo tanto en el Partido Laborista como en el Partido Liberal, que se alternaron en el gobierno. Hoy Australia es uno de los países de más alta calidad de vida, cualquiera sea la vara con que esta se mida.