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ignacio munyo
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Hace más de un año que Uruguay tiene el menor riesgo país de América Latina. Nunca lo había logrado, y desde el cambio de gobierno hubo 8 ratificaciones del grado inversor.

Hace rato que los mercados financieros están siempre dispuestos a prestar dinero al país, mucho más de lo necesario, a tasas bajas y plazos largos. Uruguay ha logrado reducir el déficit fiscal y frenar la trayectoria creciente que traía la deuda pública. Pero, … las calificadoras no nos mejoran la nota: la semana pasada Fitch mantuvo la calificación al borde del grado inversor.

En primer lugar, hay que analizar los fundamentos que se encuentran detrás de las notas que ponen las calificadoras. Para ello seguimos la metodología desarrollada en 2011 por el BCU, en donde se presenta evidencia de que el PBI, las reservas internacionales, la inflación, el déficit fiscal, la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, la deuda pública, la efectividad del gobierno, el desarrollo económico y la localización, son variables que determinan la calificación.

Dados los valores actuales de estas variables, los resultados sugieren que tenemos la calificación de deuda que corresponde a los fundamentos de la economía uruguaya. Por ejemplo, si se considera la deuda pública (en % del PBI), el valor de Uruguay es similar al promedio de todos los países del mundo que tienen la misma calificación.

Para entender el asunto también hay que leer los informes de las calificadoras. Según Fitch, “las autoridades se han comprometido a actuar en prioridades clave como la reforma del sistema jubilatorio, aunque existe una ventana de oportunidad cada vez más estrecha, antes de que comience el proceso electoral”. Sobre la necesidad de la reforma previsional, también habían insistido Standard & Poor’s (“las discusiones sobre el sistema de seguridad social muestran el compromiso de abordar las debilidades estructurales de las finanzas públicas”) y Moody’s (“la reforma jubilatoria contribuirá a reforzar el perfil crediticio”).

Cerca de la mitad del déficit fiscal estructural del Uruguay lo explica el gasto en seguridad social. Hace tiempo que el país tiene conciencia de la necesidad de la reforma. A texto expreso en la Ley de Rendición de Cuentas de 2017 se puso el tema sobre la mesa, pero se dejó para más adelante.

El gobierno asumió el desafío y en 2020 puso a trabajar a la Comisión de Expertos en Seguridad Social con representantes de todos los partidos y organizaciones involucradas. En marzo de 2021 divulgaron el diagnóstico y en noviembre las recomendaciones. En mayo, el presidente de la República reunió a sus legisladores en Suárez y les explicó la importancia de apoyar y votar la reforma; aclaró que no hay que temer costos políticos sino pensar en beneficios para el país.

Habrá que ver como sigue la historia. Siempre hay riesgo de desgaste político por reformas que impliquen aparente quita de beneficios, y por eso muchos creen que será difícil que se apruebe en este periodo de gobierno; aunque no es tan obvio que sea un factor para perder la próxima elección.

Mas allá del aumento de 2% del gasto propuesto en la actual Rendición de Cuentas, la reforma de la seguridad social permitiría, dentro de un año, aumentar más la inversión pública en donde es necesaria; con un deterioro fiscal que solo así sería posible sostener sin que las calificadoras empeoren la nota de Uruguay.

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