Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Entes y mercado de capitales

Desde el lunes pasado empezó a correr el ajuste de las tarifas públicas. UTE subió 3,2% y Antel 6,5%. La nafta subió 9,8% y el gasoil 4,8%. El gobierno dice que no es un tarifazo porque la suba es inferior a la inflación.

Otros sostenemos que las tarifas no tendrían que subir con el resto de los precios de la economía cuando sus costos han caído drásticamente. Y además que el nivel importa: hace rato que el sector productivo y los consumidores de nuestro país hacen frente a tarifas bastante más elevadas que las que se pagan en los países de la región.

Más allá de esa discusión —que volverá a estar presente a fines de enero luego de que los ministros de Economía e Industria vayan al Parlamento— creo mucho más relevante reflexionar en cómo es posible mejorar esta realidad. ¿Qué podemos hacer para que las empresas públicas cobren tarifas alineadas con el interés nacional?

Lo primero a tener claro es que para tener tarifas razonables las empresas públicas tienen que ser eficientes. Y en el actual contexto de avances tecnológicos, para ser eficientes tienen que invertir, y hacerlo bien.

Hoy UTE, Antel y Ancap están invirtiendo poco. UTE pasó de invertir anualmente 0,6% del PBI (16% de sus ingresos) en 2010-14 a 0,4% del PBI (10% de sus ingresos) en 2015-17. Antel pasó de invertir anualmente 0,5% del PBI (25% de sus ingresos) en 2010-14 a 0,2% del PBI (11% de sus ingresos) en 2015-17. Ancap pasó de invertir anualmente 0,3% del PBI (4% de sus ingresos) en 2010-14 a 0,03% del PBI (0,6% de sus ingresos) en 2015-17. En los tres casos, la historia es la misma si la comparación se hace con el promedio de los últimos 20 años.

La estrategia del gobierno de congelar las inversiones de las empresas públicas para frenar el déficit fiscal ante la dificultad de reducir el gasto corriente, no es sostenible. No es una medida de emergencia de corto plazo porque la restricción fiscal llegó para quedarse.

Ante este complejo panorama, la buena noticia es que hay una solución al alcance de la mano. Hace años que se habla de las bondades de que las empresas públicas se financien en el mercado de capitales, con argumentos a favor bastante más convincentes que los potenciales riesgos. Pero nunca antes se habían dado las condiciones para que se haga realidad. Tres factores sugieren que podría haber llegado el momento.

1. La mesa está servida. En los últimos años la Bolsa de Valores de Montevideo ha hecho un gran esfuerzo para ponerse en línea: modernizó el reglamento operativo, y de sociedad civil se transformó en una sociedad anónima con directores independientes, de forma de respetar los estándares internacionales de buenas prácticas de gobierno corporativo.

2. Hay fondos disponibles. En la última década y media se ha duplicado el nivel total de ingresos que se generan anualmente en el país. Existe un sector de la población que tiene ahorros y que no encuentra lugares atractivos en donde invertirlos. La evidencia reciente muestra que cada vez que hay una emisión atractiva en la Bolsa existe una demanda que supera ampliamente a la oferta.

3. La necesidad tiene cara de hereje. La situación fiscal de nuestro país impone restricciones inamovibles para las inversiones de las empresas públicas cuando, en palabras del presidente de UTE, ante el avance tecnológico la cuestión es "invertir o morir".

Es claro que salir al mercado de capitales es costoso. Implica preparar información, aceitar mecanismos internos de control y estar dispuestos a responder a las naturales inquietudes de los inversores. Pero al mismo tiempo, la evidencia muestra que el esfuerzo paga. Ser transparente, tener una buena gestión financiera, contar con órganos de control y rendición de cuentas genera mejoras de eficiencia y, por ende, mejores resultados para la empresa, que compensan de sobra los costos de salida.

Es clave recomponer la institucionalidad necesaria para que en este proceso no se creen incentivos contrarios al interés general. Fueron muy claras las palabras de uno de los accionistas del parque eólico Valentines en la presentación abierta de estados contables hace un par de meses atrás en la Bolsa. "Me da la sensación que los inversores podemos estar muy tranquilos pero todo el edificio descansa sobre una punta que es el precio de UTE. UTE no puede cambiar ese precio y está pagando por energía que no demanda. Eso lleva a que el consumidor sigue pagando muy cara la energía".

Para evitar este tipo de conflictos entre el interés particular y el general es necesario dotar a las unidades reguladoras con la potestad de fijar las tarifas de acuerdo a la evolución de los costos, tal como lo podían hacer antes de 2011. Hay que volver a intentar que las tarifas se fijen según criterios técnicos exógenos a la voluntad de las empresas públicas y del MEF. Las unidades reguladoras deben tener asegurada su independencia del gobierno de turno y que sus autoridades tengan la jerarquía necesaria para imponerse. No es un tema de asignar más recursos: tenemos más de 100 funcionarios presupuestados trabajando en la Ursea y la Ursec.

En conclusión, hay un camino prometedor. El ingreso al mercado de capitales ofrece los fondos que necesitan nuestras empresas públicas para invertir. La transparencia requerida permitirá legitimar las inversiones necesarias. Algo que no es menor dados los antecedentes recientes. La profesionalidad requerida para analizar las inversiones aumentará las chances de que se hagan bien. Algo que tampoco es menor dados los antecedentes recientes. A su vez, el mercado de capitales le impondrá a las empresas públicas las prácticas adecuadas de gobierno corporativo que usualmente se traducen en mejoras de eficiencia.

Todo lo anterior generaría las condiciones para tener tarifas adecuadas a las necesidades del país. Pero hay que hacerlo. Sino, ni los reyes magos nos van a poder traer la rebaja de tarifas que pedimos, tal como nos pasó esta mañana.

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