Desde el mismo momento en que fue electo, el gobierno está mirando con lupa a las empresas públicas. Afirmaciones del estilo de “se terminó la fiesta” o “aportan a rentas generales mucho menos de lo que deberían” son recurrentes en la actual administración. Más allá de que la delicada situación fiscal tenga hoy de rehén a las empresas del Estado, la discusión no debería quedar encasillada en ese ámbito. Tiene que ser mucho más profunda.

Desde el mismo momento en que fue electo, el gobierno está mirando con lupa a las empresas públicas. Afirmaciones del estilo de “se terminó la fiesta” o “aportan a rentas generales mucho menos de lo que deberían” son recurrentes en la actual administración. Más allá de que la delicada situación fiscal tenga hoy de rehén a las empresas del Estado, la discusión no debería quedar encasillada en ese ámbito. Tiene que ser mucho más profunda.

Es justo reconocer que la producción por empleado ha crecido vigorosamente en las empresas del Estado, en gran parte como resultado de la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de la mejora en la productividad, no hemos logrado que las tarifas que se pagan en el Uruguay bajen de los niveles más elevados de la región y del mundo. No parece saludable tomar como un hecho no poder bajar los combustibles cuando el precio internacional del petróleo cae a la mitad, y en un momento en que los problemas de competitividad inquietan al país.

Pasaron ya más de 20 años desde que la ciudadanía laudó en contra de la privatización de las empresas del Estado. Sobre ese tema no se discute en el Uruguay. Durante la administración Bat- lle, la estrategia fue introducir competencia en los mercados en los que operan las empresas públicas como mecanismo para alcanzar mejoras de eficiencia. Así surgieron nuevos actores como las unidades reguladoras. Si bien en los últimos años tanto la Ursea como la Ursec han perdido vigorosidad, todo indica que, son nuevos jugadores que van ocupando, de a poco, su lugar en la cancha. No se puede desconocer que el control dentro del Estado es muy complejo, así lo fue para lograr que el BCU tuviera injerencia regulatoria sobre el BROU.

Con el correr de los años venimos observando que en muchos segmentos de mercado en donde operan empresas públicas, la competencia se fue colando de forma silenciosa con la llegada de nuevos jugadores que vinieron de la mano del desarrollo tecnológico.

Más allá del consenso de que el statu quo en las empresas públicas está lejos del ideal, se hace muy difícil llevar adelante un debate en profundidad y sin prejuicios. A pesar de ello, estamos convencidos de que es hora de hincarle el diente. Así saludamos la iniciativa del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de presentar una “serie de pistas” para delinear una “hoja de ruta” para el debate sobre la institucionalidad y el buen gobierno de las empresas públicas. Con un proyecto conjunto entre Pharos, el think tank de la Academia Nacional de Economía y el IEEM, Escuela de Negocios de la UM, estamos trabajando en el tema.

Lo que parece claro es que el sistema de las empresas públicas ya no es el mismo. Hoy cuenta con nuevos actores, inversiones que exigen la interacción entre diferentes empresas, la necesidad de atraer inversores internacionales y de exportar parte del excedente de producción. Para poder avanzar en esta nueva realidad, se tienen que aceitar los mecanismos de coordinación entre agentes nacionales e internacionales, mejorar el control de la gestión, cortar el cordón umbilical que une el presupuesto con las inversiones, transparentar los subsidios implícitos y repensar mecanismos para evitar que la impronta personal del directorio sea la que determine el camino.

En este marco es natural que el gobierno de las empresas públicas esté bajo cuestión. Más aun cuando existen experiencias exitosas en Colombia, Chile y Perú que podemos mirar con atención y en donde la propiedad del Estado se materializa en directorios organizados de forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

No se pueden desconocer aspectos específicos de nuestro país como la escala de los mercados. Esto es clave no solo a la hora de extraer lecciones de modelos de otros países o de organismos internacionales, sino también para llegar a un equilibrio interno entre todas las partes interesadas e incluso para definir hasta dónde estamos dispuestos a transferir autoridad de parte de los legisladores a los mercados.

Los ciudadanos tenemos que poder monitorear la rentabilidad económica y social de las inversiones de nuestras empresas públicas y ser exigentes si los compromisos asumidos no se logran. No es admisible que la operativa de las empresas del Estado no pueda cubrir ni siquiera el costo de acceso a financiamiento del sector público.

La exitosa experiencia de la incursión de UTE en el mercado de capitales ilusiona con la posibilidad de que las empresas del Estado abran parte de su paquete accionario. En cualquiera de los casos, va a ser necesario determinar con claridad las ventajas prácticas para el país de incursionar por este camino, de definir los escollos naturales del proceso -sean legales, regulatorios o políticos- y a partir de allí definir la ruta de acción.

Somos conscientes de que todo lo anterior implica meterse por caminos sinuosos. También somos conscientes de lo que hay en juego. Las empresas del Estado deben ser eficientes no solo porque es su compromiso con los ciudadanos sino porque lo que producen es un insumo intermedio en la producción de las empresas privadas.

En un contexto en que se terminaron las holguras, mejorar la gestión de las empresas del Estado se vuelve hoy de vital importancia para el país.