La revolución tecnológica hoy en curso y su aceleración por la pandemia, impactan fuertemente en la educación. 

La situación actual de nuestro sistema educativo necesita cambios profundos para poder estar a la altura de las circunstancias: lo saben los especialistas, lo intuyen los padres y lo sienten los propios alumnos.

También lo sabe el sistema político. Según datos de la Radiografía Parlamentaria realizada por Ceres, el 62% de los legisladores (86% del oficialismo y 30% de la oposición) considera que el sistema educativo no prepara adecuadamente a las nuevas generaciones para el mercado de trabajo.

Hace algunas semanas el Ejecutivo presentó el Plan de Política Educativa Nacional, en el marco del Artículo 145 de la LUC, que exige la presentación ante el Parlamento de los lineamientos educativos previstos para cada período.

Saludamos que el MEC, al inicio de cada período, deba enviar a la Asamblea General su proyecto educativo para el quinquenio, en coordinación, consulta y acuerdo de compromiso con las autoridades de los organismos autónomos de la enseñanza. Más aún cuando el documento incluye metas precisas, lo que contribuye a la rendición de cuentas y participación de la ciudadanía en un asunto de tanta relevancia. Este procedimiento está incluido en lo que se busca derogar a través de referéndum.

Como principio general, el Plan establece la necesidad de un mayor control ciudadano para lo que es necesario reducir trabas burocráticas y asignar mejor las responsabilidades. Para ello se plantea la elaboración de un marco regulatorio de centros que permita generar comunidades educativas con competencias en la toma de decisiones. En particular, se compromete el funcionamiento efectivo de al menos 10 Centros Educativos María Espínola como piloto de un nuevo modelo de gestión de centros en la Educación Media Básica en 2021, y la ampliación a 30 en 2022 y 60 al fin de 2025. En la misma línea se plantea vincular al Centro Ceibal al Poder Ejecutivo a través del MEC, y fortalecer al Ineed como agencia de evaluación y al Inefop en su rol de transformación educativa.

El documento se compromete a ampliar el acceso a la educación en todas las etapas, a fin de reducir la desvinculación temprana del sistema y mejorar los aprendizajes, especialmente en los contextos más desfavorables. Se plantean resultados concretos de mejora en múltiples indicadores de asistencia y egreso para el período de gobierno. Se presentan objetivos de mejora en la calidad, medidos por los resultados de las Pruebas PISA (que cada 3 años son administrados por la OCDE) como reducir la insuficiencia en comprensión lectora de 43% observado en 2018 a 39% esperado en 2023, y en matemática de 51% a 47% en el mismo período.

El Plan enfatiza la relevancia de la formación docente para lograr las mejoras buscadas. Se compromete a avanzar en una reforma de la formación para aumentar titulación y preparación. En particular, se prevé para 2023 el lanzamiento de un sistema de becas y de evaluación de la calidad docente. También para 2023 se plantea el inicio de nuevos programas universitarios de formación en educación.

El Plan presentado por el gobierno es un puntapié inicial de enorme relevancia para impulsar los cambios que el país necesita y marca un claro compromiso con la educación. Su importancia aumenta en las circunstancias actuales.