Los uruguayos se pronunciaron, y la ley que reunió las reformas apoyadas por el gobierno, fue ratificada por voto popular. La campaña queda atrás.

El resultado muestra nuevamente que el país está dividido en casi dos mitades, de las cuales una de ellas tiene apoyo mayoritario de la ciudadanía y por esto tiene la responsabilidad de llevar adelante la agenda comprometida. La mayoría parlamentaria es sólida, no solo con un acuerdo firmado entre partidos, sino con programas bastante alineados.

Uruguay necesita impulsar la agenda de reformas comprometida. La excelente imagen internacional del país debe ser aprovechada con la concreción de inversiones de una magnitud tal que sostenga una senda de desarrollo sostenible, y para ello se necesitan cambios. Acabo de llegar de Dubái y lo sentí de primera mano en múltiples charlas con inversores del mundo árabe.

Hay cinco áreas en las que se necesitan mejoras urgentes: (1) tarifas públicas, (2) seguridad social, (3) educación, (4) regulación laboral y (5) inserción internacional. Todas complicadas; si así no lo fueran ya se hubieran hecho. Para escuchar la opinión de los legisladores al respecto, el año pasado desde CERES impulsamos una Radiografía Parlamentaria.

En lo que tiene que ver con el rol que deben cumplir las empresas públicas la situación es especialmente compleja porque no hay posición homogénea entre los socios de la coalición de gobierno. Mientras 68% de los legisladores del Partido Nacional (PN) considera que las tarifas públicas deben reflejar exclusivamente los costos de producción, esta visión la comparten solo 47% de los legisladores del Partido Colorado (PC) y 36% de Cabildo Abierto (CA). Desde la oposición; 15% del Frente Amplio (FA) tiene esta postura.

Sin embargo, en el resto de los frentes en los que hay que avanzar, sí hay posiciones alineadas dentro del gobierno que contrastan claramente con la oposición. Eso se ve claro en el rol del sector privado en la seguridad social post reforma. En un lado, solo 22% de los legisladores del PN, 23% del PC y 29% de CA consideran que se debe reducir la injerencia privada en el manejo de los ahorros previsionales. En el otro lado, 86% de los legisladores del FA cree que se deberían introducir cambios para fortalecer la intervención del estado.

Algo similar sucede con el sistema educativo. Mientras que 88% de los legisladores del PN, 79% de CA y 71% del PC consideran que no prepara adecuadamente a las nuevas generaciones; solo 27% de los legisladores del FA lo ven así.

También hay dos visiones en regulación laboral. Mientras que 78% de los legisladores del PN, 79% de CA y 59% del PC consideran necesario modernizar la regulación laboral y, por ejemplo, flexibilizar la jornada hacia un régimen de acumulación semanal de horas; solo 38% de los legisladores del FA comparte esta visión.

En inserción internacional también hay alineación en el gobierno y claro contraste con la oposición. Mientras que 98% de los legisladores del PN, 88% del PC y de CA creen que se deben buscar acuerdos comerciales más allá del Mercosur; solo 33% de los legisladores del FA apoya esta postura.

El tiempo pasa y lo que no se cambia sigue igual. La agenda post LUC tiene una ventana de oportunidad para avanzar en seguridad social, educación, regulación laboral e inserción internacional. La clave estará en el liderazgo para impulsarla y en la consistencia de su ejecución.