La paz social es algo muy escaso en América Latina y, por lo tanto, muy valioso.

La situación prepandemia ya era muy complicada. América Latina en 2019 tuvo un calendario cargado de movilizaciones violentas en las calles, muchas de ellas con muertes asociadas. En enero Guatemala; en mayo El Salvador y Brasil; en junio Costa Rica, Honduras y República Dominicana; en julio Paraguay; en agosto México; en setiembre Argentina y Perú; en octubre Chile, Ecuador y Haití; en noviembre Colombia y Panamá; y durante todo el año en Nicaragua y Venezuela. Uruguay fue la excepción.

“Vengo de recorrer América Latina y vamos a considerar una expansión de la inversión en Uruguay solo porque es el único de los países de la región que no tuvo manifestaciones violentas en las calles”, a fines de 2019 me decía un alto ejecutivo de una de las principales multinacionales del mundo. Y no es un ejemplo puntual, es muy ilustrativo de la visión general de los inversores globales.

La paz social es un activo muy valorado por las empresas, especialmente las multinacionales. Todo aquel que trata con inversores internacionales lo tiene más que claro. Dada su relevancia, existen indicadores internacionales que buscan cuantificar el riesgo social.

En esta línea, la consultora global de origen francés Euler Hermes elabora un índice de riesgo social para identificar qué países tienen mayor propensión a sufrir protestas violentas en las calles u otros incidentes que podrían cambiar las reglas del juego para la formulación de políticas. Con ese objetivo se analizan 12 indicadores para 102 países, que incluyen variables como el crecimiento del ingreso per cápita, empleo, suba del dólar, distribución de ingreso, gasto público social, estabilidad política, efectividad del gobierno, confianza en el gobierno y percepción de corrupción. Con los menores niveles de riesgo social figuran Dinamarca, Finlandia y Suecia, y con los mayores Nigeria, Angola y Venezuela. África y América Latina son las regiones más complicadas. Uruguay queda a mitad de tabla a nivel global y es por lejos el país con menor riesgo social de la región.

Pero, la pospandemia impone un enorme desafío. Por más que sea el mejor de la clase, Uruguay está inmerso en la región que sufre las medidas de restricción de movilidad más prolongadas y pérdidas económicas más profundas entre todas las regiones del mundo, lo que genera presiones extras para la paz social. Además, Uruguay arrastra un estancamiento económico de varios años, lo que hace que la situación social actual sea muy delicada.

Hay muchos que creen que el gobierno debe gastar más, no solo porque es necesario sino porque el costo de acceso al financiamiento está en mínimos históricos. La decisión de hasta dónde llegar es de alta complejidad, dadas las consecuencias no deseadas que puede traer asociadas. El FMI dice que es correcto gastar mucho más durante la pandemia, pero, a renglón seguido, también dice que hay que pensar en reformas tributarias para aumentar la recaudación, así como en la reducción de gastos no asociados a la pandemia. Lo mismo hacen las calificadoras de deuda, que tienen la responsabilidad de asegurarle a los acreedores que van a cobrar su deuda sin inconvenientes en el futuro.

Lo que sugiere el FMI fue la receta que siguió Colombia. Aumentó sustancialmente el gasto público por la pandemia -el déficit fiscal se triplicó para llegar al 8%-y puso sobre la mesa una reforma tributaria para aumentar los ingresos fiscales en 2% del PBI. Pero movilizaciones violentas tomaron las calles, se paralizaron las decisiones y Colombia perdió el grado inversor.

El diablo está en los detalles, y en el contexto actual más que nunca.

El proyecto de reforma tributaria en Colombia tenía buenas intenciones. La suba de impuestos haría posible sostener los nuevos pagos de emergencia y programas sociales. Sin embargo, la propuesta de suba del IVA insólitamente incluía gravar por primera vez a funerales y crematorios, y poner impuestos al agua corriente.

En octubre de 2019, en Chile el detonante estuvo en una pequeña e innecesa- ria suba del costo del metro de Santiago. Hoy una novel Asamblea Constituyente con una mayoría antisistema institucionalizó aquellas movilizaciones violentas.

Si serán importantes los detalles, siempre lo fueron… “Un incendio, Faroppa, un incendio” le decía Luis Batlle al legendario director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas cuando se percató que la propuesta que le traían haría subir de golpe el precio de la yerba. Se trabajaba en la redacción del decreto del 3 de agosto de 1956, que sería el primer paso en la liberación del comercio exterior en Uruguay. Enrique Iglesias estaba presente en aquella reunión y hace unos días, justo, me contaba esta anécdota.

Uruguay es parte de una América Latina convulsionada, pero es percibido como diferente por los que analizan la región para tomar decisiones de inversión. Uruguay tiene fortalezas basadas en una conjunción de factores sociales e institucionales; muchos de ellos de larga data. Uruguay tiene un sistema político que históricamente buscó incluir a todas las expresiones sociales.

Sin embargo, las redes sociales día a día tienen un mayor protagonismo para canalizar, aglutinar y amplificar las demandas y temores de la población.

Existe una prolífera literatura sobre el impacto de las redes sociales en las manifestaciones políticas, electorales y sociales. Los estudios muestran que cuanto más se segrega y polariza la gente, más se reduce la confianza; lo que suele ser explotado por fracciones sociales o políticas para su provecho. Son detalles detonantes los que se transmiten y se expanden más rápido en la red (y si son verdades a medias más aún), lo que aumenta la chance de movilización.

En Uruguay el riesgo social es mucho menor que en el resto de la región, lo sabemos los uruguayos y lo confirman los indicadores internacionales. Pero no hay que dormirse en los laureles: la situación social ha empeorado mucho.

Se debe profundizar la atención de los focos de exclusión laboral y social y, al mismo tiempo, extremar el cuidado para evitar detonantes que puedan viralizarse en las redes sociales. Sí, la tarea es cada vez más difícil.

La paz social es el principal activo que tiene el Uruguay y debe conservarse entre todos.