Ignacio De Posadas
Ignacio De Posadas

Violencia al Derecho

La Ley Contra la Violencia de Género bate cualquier récord en la materia: un cocktail de utopía, ideología y síndrome conspirativo. 

Los primeros artículos ya anuncian la "disparática": el objeto de la Ley (art. 1) es "garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género". Comentarios:

Las leyes no garantizan nada. ¿Hasta ahora, las mujeres carecían de ese derecho? ¿Por qué solo las mujeres deben gozar de este derecho? ¿Qué pasa si la violencia la ejerce otra mujer? ¿Qué significa que la violencia esté "basada" en el género? Si la matan por plata, por ejemplo, ¿no está igualmente mal?

El art. 2 va todavía más lejos, declarando "como prioritaria la erradicación de la violencia… contra mujeres, niños…" etc. Más allá de lo inoperante que resulta la declaración: la violencia contra los demás, ¿es secundaria?

Bajo estas premisas se desarrolla un texto que prescribe conductas ilegítimas con peligrosa y frondosa generalidad, a la vez de ordenar a diversos organismos que se haga el bien y se evite el mal. Abundan las tipificaciones abarcativas y los verbos sin virtualidad jurídica, todo ricamente adornado de adverbios y adjetivos.

Ejemplos: "Las acciones para el cumplimiento de esta ley deben propender a ser inter y multidisciplinarias, estar a cargo de operadores especializados en la temática y contar con recursos materiales para brindar servicios de calidad", (a 5 H).

"Las disposiciones de esta ley deben cumplirse de manera eficaz y oportuna" (lit. K).

El Ministerio del Interior debe "Transversalizar la perspectiva de género en la política pública de seguridad…" (a 24 A). Hay más.

Por su parte, abundan las órdenes para que sea hecha la virtud: "El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como proteger, atender…", etc. (a. 5B). También debe "promover la eliminación de las relaciones de dominación sustentadas en estereotipos socioculturales de inferioridad o subordinación de las mujeres. En igual sentido deben orientarse las acciones de las instituciones privadas, de la comunidad y de las personas en particular" (D). Imaginen los excesos que, en base a esto, podrá cometer un funcionario ideologizado.

En otro orden, la ley tipifica la "violencia basada en género". Aunque no la convierte en un delito criminal, es la base sobre la cual después se ordena al Estado a actuar.

El art. 6 enumera formas de violencia, muchas que incluyen la omisión. Así, la "violencia física" se da con toda "acción, omisión o patrón de conducta (?) que daña la integridad corporal de una mujer".

El listado es frondoso: habrá violencia física, psicológica o emocional (incl. por omisión), sexual (incl. las relaciones matrimoniales o de parentesco, "exista o no convivencia"), la violencia "por prejuicio hacia la orientación sexual", violencia económica, patrimonial ("toda conducta dirigida a afectar la libre disposición del patrimonio de la mujer" ¿incluirá el topearle la tarjeta?), violencia obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, la violencia comunitaria y muchas otras. Particularmente peligrosa será la "violencia simbólica" (lit. G): "es la ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres". Pregunta: ¿según quién?

Visto lo anterior y mucho más que no hay espacio para transcribir, todas mis esperanzas están puestas en el capítulo II, titulado "Sistema Interinstitucional de Respuesta a la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres". Insuperable en materia de utopismo voluntarista. Quizás sirva para que muchas de las barbaridades legisladas jamás lleguen a la realidad.

El art. 10 da la pauta: "El sistema... debe ser integral, interinstitucional e interdisciplinario e incluir como mínimo: acciones de prevención, servicios de atención, mecanismos…", bla, bla, bla. Después viene la estructura: art. 11. Crea el "Instituto Nacional de las Mujeres… órgano rector de las políticas públicas… responsable de la promoción, diseño, coordinación, articulación…". Debe "velar por el fiel cumplimiento de esta ley". (Cómo, ¿sustituyendo al Ejecutivo y al P. Judicial?) … "transversalizar la temática en las políticas sectoriales del Poder Ejecutivo así como su articulación con el Poder Judicial, el Legislativo y los Gobiernos Departamentales". Una verdadera reforma constitucional.

Luego viene el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género Hacia las Mujeres que, entre otras cosas, también debe velar por el cumplimiento de la ley y, además, de la reglamentación. Tampoco dice cómo. Igual no importa: lo integrarán 12 personas, representantes de 11 reparticiones estatales.

Para rematar la estructura se prevén Comisiones Departamentales y un Observatorio.

En suma, el propio desenfreno de ignorancia voluntarista que pergeña una pieza de singular peligrosidad e inconstitucionalidad lleva a producir un antídoto, si bien parcial, por la vía de un montaje institucional kafkiano.

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