Por lo ocurrido en el JPV, pero que van más allá del episodio concreto. Cualesquiera sean las causas del desbarranco económico, estaríamos ante la pérdida de una importantísima institución de enseñanza, por razones económicas.

Por lo ocurrido en el JPV, pero que van más allá del episodio concreto. Cualesquiera sean las causas del desbarranco económico, estaríamos ante la pérdida de una importantísima institución de enseñanza, por razones económicas.

Mucho se ha hablado en nuestro país con desconfianza y hasta animadversión hacia la enseñanza privada. Quienes lo hacen, ¿estarán contentos con este desenlace? ¿Y la sociedad en su conjunto debería festejar que los efectos de la enseñanza privada sufran un revés y se vean disminuidos? No es mal momento para reflexionar.

¿Cuáles son las consecuencias de un posible cierre del JPV? Pierden los chicos. Pierden los padres. Pierden los docentes y funcionarios que allí trabajan. ¿Acaso gana el Estado? Tampoco: le significará el problema adicional de tener que absorber más alumnos y empleados, sin contrapartida alguna.

En suma, pierde todo el país, la sociedad uruguaya: en lo inmediato y si siguen los actuales desniveles de resultados entre educación pública y privada, también sufrirá en el mediano plazo, con un retorno de menor calidad en algunos de sus integrantes.

¿No será bueno entonces aprovechar este suceso para meditar un poco, a la luz de la realidad y no a la oscuridad de los prejuicios, sobre el tan manido asunto de la financiación de la educación llamada “privada”.

Como tantos temas en el Uruguay, este está muy politizado e ideologizado, vicios (o tácticas) que impiden abordar objetivamente asuntos de fondo, dejando presa a la sociedad frente a cambios que el mundo moderno ha abordado con fruto.

Así, oímos repetir que los “dineros públicos” no deben ir para la educación “privada”, como si existiera alguna especie de dinero que no se generara en el sector privado (distinto es el caso de los buracos como el de Ancap, ahí se genera en el sector público y la pagamos los privados), o como si existiera alguna educación que en definitiva no fuera para “privados”. Tal parece, en esta concepción, tan apolillada co-mo maniquea, que la sociedad no recibe los mismos retornos cuando uno de sus integrantes fue formado por un instituto no estatal, que cuando egresó de uno público. La educación pública sería un derecho y una responsabilidad, pero la privada un privilegio y una carga.

Una sociedad se beneficia cuantos más altos sean sus niveles de educación en todas sus fuentes. A su vez, eso se ve facilitado y fortalecido si hay sinergia y competencia -ambas- entre sistemas e instituciones, dentro de un marco de máxima transparencia, para que se pueda experimentar, analizar y comparar y así aprender a innovar: todo lo que aquí no ocurre.

Hay sociedades que han encarado esto con mecanismos especiales, como los “charter schools” en EEUU o los institutos “conveniados” en Europa, por los cuales el Estado coparticipa en la financiación, dentro de marcos de exigencia y contralor. Otras han ido aun más lejos, creando mecanismos de “vouchers” que se entregan a los padres, responsables últimos y primeros interesados en la educación de sus niños, para que resuelvan dónde educarlos.

Probablemente esos caminos sean demasiado lanzados para nuestra mentalidad conservadora, pero el Uruguay avanzó en uno -y lo hizo el primer gobierno del Frente- que sin ser propiamente una solución, sirve para asistir en materia financiera a las entidades educativas que lo precisan (sin distinguir su pelo).

Me refiero al mecanismo legal que permite a ciertos contribuyentes destinar una parte de sus impuestos hacia instituciones de enseñanza debidamente seleccionadas, siempre y cuando acompañe la decisión con plata adicional de su propio bolsillo.

El sistema funciona desde hace ya varios años y funciona bien. Tanto en lo referido a los controles como a los efecto de la ayuda financiera, que ha permitido que sobrevivan muchos institutos muy buenos pero económicamente inviables y aun crear nuevos, todo ello en beneficio de cientos de niños y jóvenes que de no existir el mecanismo jamás habrían accedido al nivel de formación que tiene o tuvieron.

El sistema funciona pero es sumamente limitado. En parte por el defecto tradicional de legislar por la patología y en parte por las rémoras ya comentadas, se han topeado las sumas en niveles bajísimos y los intentos por corregir el sistema en ocasión del Presupuesto, fracasaron.

Esto último, habiendo estado del otro lado del mostrador, lo comprendo, visto con qué facilidad se generan aquelarres distributivos en los procesos presupuestales, pero ahora que eso ya pasó se podría encarar legislar en serio sobre el tema, aumentando los recursos potenciales (que hoy son maníes).

Se estaría avanzando en algo que es un derecho constitucional (art. 41), que no se presta a abusos, que ha dado buenos resultados, que al exigir aportes del donante suma otro elemento de contralor y exigencia y que por la vía de requerir información de resultados como contrapartida permitiría hacer la labor de análisis y comparación ya mencionada.

Si cierra el JPV significará un daño y mayores costos para el Estado. Algo que puede repetirse, vistas las perspectivas económicas.

¿Por qué no evitar el riesgo?