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¿Qué está pasando?

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HERNÁN SORHUET GELÓS

Crece la preocupación en el país acerca de los niveles de contaminación química que se están produciendo en muchas zonas del territorio nacional. La razón es simple. Según datos del Ministerio de Ganadería en los últimos siete años el uso de herbicidas aumentó un 367%, de fungicidas un 140%, de insecticidas un 292%, y otros productos un 387%. Es consecuencia directa que las superficies agrícolas y forestales se incrementaron significativamente.

El área sojera crece año a año. Ya supera las 500 mil hectáreas y nada parece detenerla. Esta expansión agrícola va de la mano con la utilización de venenos químicos, que pretenden combatir plagas, enfermedades y competidores de plantas y árboles que se cultivan.

Se trata de un viejo problema que lejos de minimizarse se agrava porque se ha invertido la ecuación original. Si bien los productos se hacen con mayor especificidad, y menor duración de los principios activos in situ -con el fin de reducir el daño ambiental-, las cantidades hoy aplicadas son tan grandes que es muy serio el impacto negativo en los ecosistemas y sistemas hídricos.

Considerando la enorme capacidad transportadora de las aguas superficiales y subterráneas, es lógico que preocupe cada vez más qué está pasando con los pesticidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes que se esparcen por todo el país.

Resulta sencillo imaginar que esos venenos invisibles llegan a sitios muy distantes de donde fueron vertidos, seguramente actuando sobre plantas, animales y personas de manera muy variada.

El Ministerio de Ganadería dispuso el mes pasado restricciones importantes al respecto. Está prohibido la aplicación aérea de productos fitosanitarios a una distancia inferior a los 30 metros de ríos, arroyos, cañadas, lagunas, lagos, tajamares y represas. Si se trata de fumigación terrestre, la limitación es de 10 metros de corrientes o fuentes de agua superficial.

La intención es muy buena pero es obvio que resulta incontrolable. En primer lugar el ministerio no tiene capacidad de contralor sobre la inmensa superficie plantada en el país. ¿De qué manera puede fiscalizar que se respeten las restricciones impuestas?

Todo queda librado a la responsabilidad de los productores y los "aplicadores" de los productos.

Como en todos los órdenes de la vida, ese es el objetivo último. El cuidado del ambiente, la conservación de los recursos naturales es una obligación de todos. De hecho sin el aporte de los distintos sectores de la comunidad, ese objetivo no se podrá alcanzar nunca.

En todo caso, los controles estatales y municipales deberían estar para encauzar a algún transgresor -que siempre los habrá.

Volviendo a lo impuesto por la nueva disposición, cualquier persona vinculada a la fumigación aérea sabe que actúan muchas variables a la hora de realizar el trabajo. Dos de las principales son la dirección e intensidad de los vientos, y la topografía del terreno.

A ellas hay que agregarle la enorme dificultad que significa tratar de respetar el límite de los 30 metros de distancia de cursos y fuentes de agua, considerando los recorridos sinuosos que normalmente describen las cañadas, arroyos y ríos de nuestro país.

Queda pendiente saber qué está ocurriendo y cómo controlar la contaminación de los acuíferos.

El crecimiento agropecuario tiene ciertos costos que deben considerarse con mucho cuidado a la hora de planificar nuestro futuro.

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