Ignacio De Posadas
Ignacio De Posadas

¿Qué fue de aquel movimiento?

¿Se acuerdan de los llamados “Autoconvocados”? Todo un batacazo.

En su momento levantó grandes esperanzas. Se trataba de una reacción única de la sociedad civil, que ponía el foco justo donde había que ponerlo: su primer proclama arranca reclamando “reducir el tamaño del Estado y bajar el gasto público”.

Gran expectativa pero no exenta de temor. El 28 de enero del 2018 escribí en El País: “Lo que en estos días está protagonizando el sector agropecuario es un fenómeno fuerte, con potencial para detonar cambios de fondo. Pero es también un fenómeno de difícil equilibrio y aterrizaje” (…) “El reclamo de fondo tiene fundamentos sólidos. Va al carozo de nuestro problema: el Uruguay, como país, vive más allá de sus posibilidades económicas”. Y más adelante: “…si el movimiento no desplaza su foco del fondo del problema, si concentra sus exigencias en los males básicos que aquejan a la sociedad, si no se deja enredar o dividir en un chimichurri de reclamos relativamente menores o de cumplimiento imposible, habrá iniciado una verdadera revolución”.

Junto con la expectativa y la esperanza, no ocultaba cierto temor de que la cosa no funcionara: “En suma: hagan una revolución. No se queden en otra revuelta. Abrieron una oportunidad, no la dejen perder… por sobre todo, no suelten el tema de fondo…”.

En un segundo artículo confesé mis temores: “En mi anterior … señalaba (el) gran potencial transformador, al intuir que el estado uruguayo no se soporta más, pero también el riesgo de que se agotara en una mera revuelta, contenida por el gobierno. Todo parece indicar que eso es lo que va a ocurrir”.

Ojo, no es criticar lo que quiero hacer. Es un llamado o, más bien, un clamor. Que, además, no va dirigido solo a los que consiguieron la maravilla de aquel fogonazo cívico. Están corriendo tiempos claves para el Uruguay, los tiempos del Presupuesto, en los que el gobierno está solo en la batalla por contener la bulimia del gasto público.

Se potencian las presiones en pos de intereses creados y se esgrimen, con furor, argumentos truchos. Volvemos a escuchar la reacción emotiva y escandalizada de que el gobierno neoliberal quiere tocar el “gasto social”, nombre mágico que rechaza toda injerencia. Como si la característica de ser “social” (¿qué es?), no exigiera, precisamente por su pretensa virtud mayor, que se lo fiscalice con especial severidad, amputando todo uso espurio de recursos enmascarados en tan loable fin. ¿O acaso no sabemos que buena parte del “gasto social” es, como lo del “presupuesto para la educación”, plata que va a salarios y beneficios de los funcionarios?

Es notorio que el gobierno quiere contener esta hidra que está tragando al país y también que solo no podrá hacerlo. Frente a los grupos de presión que reclaman más y más para sí mismos, bajo carteles “sociales” y “educativos”, tienen que aparecer otros, que recorran los mismos ámbitos parlamentarios haciendo saber que son los paganinis de la boda y que la cosa no da para más.

En aquel febrero, yo había sugerido algunas cosas que sería bueno exigirle al sistema político por todos aquellos que son conscientes de lo que se juega en el Presupuesto y de la necesidad de apuntalar al gobierno en su esfuerzo por preservar a la Nación de la voracidad del Estado:

“-Aprobar por ley una regla fiscal.

-Compromiso formal de todos los partidos de que: 1) la próxima Rendición sea “gasto cero” y 2) que el próximo presupuesto quinquenal será inferior al actual en egresos reales (p. ej. en un 10%).

-Ley interpretativa de la Constitución limitando las atribuciones del P. Legislativo en presupuestos y rendiciones a la redistribución de rubros, no pudiendo aumentar el total de egresos.

-Ídem disponiendo que todo gasto debe tener una financiación genuina, constituida por una fuente tributaria, no siendo aceptable el recurso, (trucho), de cargar gastos a Rentas Generales.

-Compromiso de no aumentar el endeudamiento público bruto como porcentaje del producto.

-Ley prohibiendo el llenado de vacantes en P. E., P. L. e intendencias, por 5 años, con la única excepción de cargos que requieran título habilitante y en esos casos con dictamen favorable del T. de Cuentas

-Ley obligando a los anteriores a reducir anualmente y por 5 años un 5% de sus plantillas de funcionarios, (medido en porcentaje de sus rubros Cero).

-Congelamiento por 2 años de los salarios públicos de todas las dependencias del Estado superiores a (p. ej.), 4 salarios mínimos.

-Pasar los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado al derecho privado, (hay proyectos redactados).

-Permitir las negociaciones salariales privadas por empresa cuando sea solicitado.”

Y terminaba el artículo: “El problema de fondo de nuestro Uruguay no es político. Sería menos problemático. Es cultural, una cultura conservadora, igualitaria, utópica y voluntarista, en cuyo carozo está el Estado, a la vez bastión y herramienta de esa cultura. Los “autoconvocados” han tenido la intuición del problema, la valentía para plantearlo y el carisma para convocar a la lucha. Sería fantástico que ahora den un paso más, para hacer viables los cambios en una democracia…”.

Vale para todos nosotros.

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