Tuvimos con la presentación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una fugaz esperanza de ver a nuestro país sacudir el monopolio de Ancap. O, por lo menos, de que el tema fuera debatido públicamente, desvestido de todas las viejas telarañas que lo cubren.

Pero no ocurrió. El gobierno tuvo que recular. Una vez más triunfó la cultura yorugua y, lo que es peor, en tiempo récord, con el apoyo incluso de sectores político de apariencia liberal que integran la coalición de gobierno, pero no se animan a apoyarlo.

Para empezar, la discusión se planteó, en un terreno falaz: en vez de encarar la justificación del monopolio, dominó la agenda un hábil planteo de la izquierda: ¿por qué desmonopolizar?

Así, quedaba firmemente enterrada en el baúl de los recuerdos lo que constituye el punto central. Lo que debe discutirse no es por qué eliminar el monopolio, sino qué lo justifica.

Olvidamos así que el principio es el de libertad. Lo que debe justificarse es conservarlo y no al revés.

La libertad es la norma general: por razones filosóficas primero y consecuentemente por razones jurídicas. Es parte central de la naturaleza humana, un derecho fundamental, sin el cual el hombre no puede desarrollarse plenamente.

Así lo recoge nuestra Constitución en su artículo 36 y vuelve luego sobre él al tratar el instituto del monopolio, requiriendo para tal recorte a la libertad dos requisitos: mayoría absoluta en el parlamento y algo que el constitucionalista repite siempre que acepta la posibilidad de recortar derechos: la existencia de un “interés general”. No basta con que se consiga una mayoría, además debe haber razones de fondo (poderosas) que justifiquen, en este caso, un monopolio.

Desgraciadamente, este segundo requisito constitucional suele pasarse por alto.

Es, precisamente, lo que debe probarse para aceptar que sobreviva el monopolio de Ancap. La discusión no debe ser por qué desmonopolizar, sino por qué seguir con el monopolio. ¿Cuáles son las razones de interés general que lo justifican?

Voy a analizar las que he oído. Si existen otras, con mucho gusto la analizaré.

El argumento madre siempre ha sido el de la soberanía: si no existiera el monopolio de Ancap, estaríamos a merced de las multinacionales petroleras, etc. etc. Es patéticamente absurdo: ¿qué diferencia puede hacerle a la soberanía depender de la importación de refinado, en vez -como ahora- de la de crudo?

Es igualmente absurdo sostener que, por la dimensión de nuestro país, si no refina el Estado, nadie lo haría. Eso, de ser cierto, podría justificar que el Estado refine, pero no que lo haga en régimen de monopolio. Al revés, sería la realidad la que impediría el monopolio. Pero este argumento, además de falaz, es boomerang: destruye las afirmaciones de los defensores de Ancap, que sostienen ser más barato para el país refinar que importar refinado. Una cosa o la otra.

Algo más sofisticado es el argumento de que, al tratarse de un insumo clave, no puede estar al albur de lo que quieran hacer los importadores ocasionales, requiriendo seguridades de abastecimiento regular. Nada de eso justifica ir a un monopolio. Hay maneras de asegurar eso con medidas de regulación y control, como ocurre en cientos de actividades o, de última, abogar por la presencia del Estado, pero en régimen de libre competencia.

No existe argumento alguno, válido, que constituya una razón de interés general que justifique cercenar la libertad de comercio e industria consagrada por la Constitución.

La verdadera razón atrás de este asunto, como de las manías estatistas y reglamentaristas que campean en nuestro país, está en una visión viciada de la naturaleza humana, que comparte buena parte de nuestra izquierda y del Uruguay batllista (que no es coextensivo con el Partido Colorado). La convicción de que la única manifestación negativa del egoísmo natural del ser humano se da en el afán de lucro y que anulado este la sociedad queda a salvo.

Como si no tuviéramos abundantes pruebas del daño emergente de otras falencias del hombre, que no surgen de querer ganar plata. Como lo ocurrido precisamente en Ancap, bajo la presidencia de Raúl Sendic.

Hay, adicionalmente, otros argumentos contra el establecimiento de monopolios (para aquellos que no valoran suficientemente el derecho a la libertad):

1. El monopolio facilita la deriva hacia otras actividades, ajenas a la que lo motiva, creadas y mantenidas con subsidios cruzados y encubiertos (pórtland, alcohol, etc.).

2. El monopolio desestimula la eficiencia (si es que no la mata del todo): si corrés solo, para qué te vas a matar.

3. En el caso de Ancap, la realidad es que, contra lo que afirma la teoría, resulta muy difícil su contralor y regulación por parte del gobierno. Pregúntenle a cualquier director de la OPP.

4. Por último, el monopolio se convierte en una herramienta tributaria encubierta y ajena a los controles parlamentarios, co-mo quedó en evidencia durante los tres gobiernos anteriores.

Concluyendo, no hay interés general alguno en la permanencia del monopolio de Ancap.

El mismo se explica exclusivamente por razones ideológicas y culturales, que imponen temores políticos.

Son las mismas, a su vez, que explican el conservadurismo asfixiante que padece el país.