Ignacio De Posadas
Ignacio De Posadas

Avanza el Gran Hermano

Hace años que el Frente abrazó con ferviente moralina la causa de la OCDE, de apriete a los contribuyentes. Éste primero, la vendió como combate al narcotráfico y la venta de armas, pero después se sacaron la careta, poniéndole un nombre: unfair tax competition (competencia tributaria injusta): de los pobres a los ricos.

Hace años que el Frente abrazó con ferviente moralina la causa de la OCDE, de apriete a los contribuyentes. Éste primero, la vendió como combate al narcotráfico y la venta de armas, pero después se sacaron la careta, poniéndole un nombre: unfair tax competition (competencia tributaria injusta): de los pobres a los ricos.

Fue también ingeniosa la estrategia, apretando el torniquete gradualmente. En nuestro caso fueron primero las SAFIs, después la obligación de firmar cierto número de tratados para el intercambio de información, superado por la obligación de acordar con nuestros vecinos; luego eliminar las acciones al portador, seguido por amputaciones al secreto bancario …, siempre afirmando que la última medida sería la definitiva.

Para la OCDE la estrategia persigue fines obvios: los gobiernos de los países europeos no han parado de gastar y para ello, no han parado de aumentar impuestos, impulsando a sus contribuyentes a poner parte de su plata al abrigo del León, como le llaman al Fisco en Brasil.

Frente a esa reacción, los gobiernos se encontraron con que no tenían armas suficientes para cazarlos. Había que obligar a los países que acogían a esos contribuyentes a colaborar en la caza. Y así fue: poco a poco la OCDE fue apretando a todos los que ofrecían mejores condiciones tributarias y seguridades jurídicas, a dar información. Bueno, a todos no: el mayor beneficiario del mundo en materia de desplazamiento de capitales es demasiado poderoso como para que la OCDE lo trate como nos trata a nosotros.

Ahora bien, si el proceder de la OCDE resulta obvio, cabe preguntarse ¿por qué el Frente abrazó esa cruzada con igual fervor? Preconiza que lo hace por grandes ideales: elevar el prestigio del país y sanearlo del “vicio” de la “opacidad”

El chiste ha costado caro: primero perdimos el carácter de plaza financiera (y más de 20.000 puestos de trabajo), luego, crecientemente, la imagen de previsibilidad para los inversores, al influjo del constante cambio de normas que recortan derechos. Lleva a pensar que hay otro elemento más, junto a ese novedoso amor por contentar servilmente al club de los ricos.

Efectivamente lo hay y terminó de desenmascararse con el proyecto de Ley llamado de “Transparencia Fiscal” que el PE acaba de remitir al Parlamento.

Ahora sí que arrasa con todo. No sólo va mucho más allá que las pretensiones de la OCDE, sino que termina con derechos fundamentales, como la intimidad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, dejando al desnudo el verdadero objetivo del Frente: controlar a las personas a través de la información. Si se aprueba el proyecto, los uruguayos, en forma más o menos directa, tendrán sus vidas monitoreadas por el gobierno. Ya hemos visto ejemplos: tendremos que explicar cómo es que mandamos a nuestros hijos a tal o cual Colegio, por qué somos socios de éste o aquél club, de dónde sacamos la plata para comprar autos y de qué manera justificamos los gastos de la tarjeta . Entre ese proyecto y la llamada ley de inclusión financiera, estamos en el horno o, más precisamente, en manos del gobierno de turno

Los empresarios y los profesionales vinculados al área comercial tienen, además, la experiencia de cómo actúa la DGI cuando se le ocurre inspeccionar: cómo maneja verbalmente las negociaciones, qué argumentos usa para exigir información, cuáles son sus métodos de persuasión, etc.

Pero eso es con las normas actualmente vigentes. Papel pintado comparado con lo que se viene si aprueban el proyecto. No sólo dejará de ser necesario que el Poder Ejecutivo solicite información en base a una actuación, supuestamente reglada, sino que se acaba con las normas de base constitucional, que protegen la intimidad (y por ende la libertad) de las personas y con la garantía de una intervención judicial.

El sumun se da con el secreto profesional: el proyecto lo elimina. Aún en medio de una ideología que menosprecia el derecho, es imposible no sentirse impactado por esta aberración jurídica.

Como bien dice el Dr. Alberto Varela:

“Si esta norma se aprueba, toda la información que un contribuyente le da a su abogado, su contador, su escribano, etc., para poder defenderse de lo que lo acusa la DGI, deberá ser entregada por esos profesionales al Fisco cuando éste lo pida”.

“No existe ningún país en el mundo que tenga una norma igual, ni parecida a la que se pretende aprobar”.

“Tampoco está en los planes de la OCDE obligar, sugerir o insinuar al mundo que ahora quiere imponer una norma similar. Más aún, las directivas del 2016 de este club de países establecen que el intercambio de información tributaria debe hacerse respetando el secreto profesional”.

Queda claro entonces que ya ni es la OCDE: el FA está dispuesto a hacerle el servicio de ayudarla en su plan de imponer una gobernanza tributaria mundial (de exclusivo beneficio), porque eso es funcional a la meta central que le dicta su ideología: controlar. Poder absoluto para un control absoluto.

Hay que parar al Gran Hermano.

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