GUSTAVO PENADES
Finalmente, parece ser que la inseguridad que sufrimos los uruguayos dejó de pertenecer al campo de las sensaciones para ingresar al mundo de los hechos. En esa dirección parecen estar encaminadas una batería de iniciativas gubernativas, tanto en el campo presupuestal como legislativo.
Entendemos que es sumamente positivo que el Poder Ejecutivo haya advertido que la población no padece de ningún tipo de alteración de sus facultades mentales y que la violencia, y el delito son una realidad de todos los días. En Montevideo y en el interior, en las clases más pudientes y en las de menores recursos. Y relacionado con esto último deseamos insistir en un concepto que, aunque repetido, es de gran importancia, y tiene que ver con las actividades que necesariamente el Estado debe cumplir y aquellas en las que puede estar o no presente. Sin duda alguna, la seguridad interior es un cometido esencial e irrenunciable del Estado.
La proliferación de empresas dedicadas a la venta de servicios y elementos relacionados con la seguridad individual y empresarial han llevado a una situación donde, por una parte se acepta como un hecho normal que sea un privado el responsable de la seguridad de una vivienda. Para su propietario el responsable de que no se le robe es la empresa "X" y no el Ministerio del Interior, en un imparable proceso de privatización de la seguridad. A su vez, ese proceso tiene una consecuencia terrible: la profundización de la brecha entre sectores sociales. Para quien tiene asegurada de una u otra manera su seguridad personal y familiar, los problemas de la violencia y de la delincuencia y las percepciones son totalmente diferentes a las de quienes están librados a la suerte y a la buena voluntad de los vecinos. El Estado como tal no solamente se encuentra ausente de uno de sus cometidos mas importantes, sino que esa ausencia genera mayor desigualdad entre los uruguayos. Entre quienes pueden comprar seguridad y quienes están a expensas de lo que pueda suceder.
Estas afirmaciones no pretenden responsabilizar a este gobierno de la existencia de la delincuencia. Simplemente se trata de señalar que cuando el Partido Nacional marcaba la necesidad de determinadas políticas en materia de seguridad ciudadana, se insistía y se insiste en la modificación del sistema educativo, se estaba en el camino acertado.
Ahora el Frente Amplio advierte que la delincuencia no es una expresión de la lucha de clases, o si lo piensa, está dispuesto a olvidarlo por un rato, y se apresta a proyectar medidas que, a estar a lo informado, van más allá de todo lo inimaginable. Seguramente sea otra vez una expresión de la técnica que usa el gobierno de comenzar los temas con un proyecto o una idea que deja que la oposición cuestione para luego presentar soluciones distintas. Pero, si fuera efectivamente cierto lo que se está proponiendo, se estarían rebasando los límites y retornando a las épocas de la dictadura.
Pero, por sobre todo, produce una profunda sensación de frustración advertir cómo tantas cosas se criticaron, tantos disparates se dijeron y ahora resulta que no estábamos equivocados.
Siendo positivos, principio tienen las cosas. Aunque la reacción se haya generado después que el señor Presidente y sus funcionarios fueran afectados por los delincuentes más vale tarde que nunca, y bienvenida sea la preocupación del Ejecutivo por la seguridad de todos.