Esta semana ocurrieron dos episodios que confirman que la llamada una vez “tacita de plata” hace años que se ha hecho pedazos y sus brillos se han opacado hasta la negrura.

Por un lado, en la conferencia de prensa del lunes pasado en el Ministerio del Interior se difundió oficialmente el dramático aumento del número de homicidios en todo el país en 2018, un 45,8 por ciento con relación a 2017. Eso totaliza 414 muertes, de las cuales más de la mitad ocurrieron en Montevideo. En lo relativo a las rapiñas, estas se incrementaron 53,8 por ciento con cerca de 30 mil denuncias presentadas. De la totalidad de los homicidios, solo el 51,4 por ciento fueron aclarados. La novedad es que de acuerdo a lo declarado por el Director Nacional de Policía Mario Layera, lo que antes se aludía como un “ajuste de cuentas”, ahora se llama “conflicto criminal” en un contexto de enfrentamiento entre bandas delictivas. El informe indica la implementación, en noviembre de 2017, del Nuevo Código del Proceso Penal como uno de los factores que explica el aumento del delito y la criminalidad, lo que ha ofendido a los fiscales.

Como corolario de este inventario del fracaso, por primera vez en la historia uruguaya la tasa de homicidios alcanzó los dos dígitos. Las cifras suministradas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad revelan que durante el año 2018 se lle- gó a 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país. Esto nos coloca cuartos en América, solo debajo de Venezuela, Brasil y Colombia.

Pero, si estas cifras genéricas son alarmantes, lo ocurrido ese mismo lunes en el Liceo N° 62 de Colón llega a cotas de terror. A la salida del turno matutino, entró al liceo una estudiante del turno de la tarde con su familia, buscando a un estudiante de la mañana con la intención de golpearlo. En la trifulca que duró dos horas quedó lesionada una funcionaria adscripta y algunos estudiantes. Habría cerca de 1.400 alumnos entre los que salían y entraban. Tuvo que intervenir una emergencia médica.

Como sucede en esta época, el testimonio de un oportuno celular permitió ver en un noticiero televisivo de horario central las imágenes de la pelea, digna de una tribuna con barrabravas. A nivel gremial e institucional, la respuesta a esta penosa situación fue programar un paro docente para el otro día y recomendar a los estudiantes involucrados no concurrir a clases por el resto de la semana.

No obstante, lo más inquietante de todo fue la confesión de un profesor entrevistado: “Nosotros somos educadores, no estamos preparados para este tipo de cosas. Cuando las cosas se van de las manos no sabemos cómo reaccionar.”

Una de las exigencias del paro era incrementar el número de funcionarios del liceo, pero las declaraciones del docente admiten que eso no basta para impedir el caos que se desató.

Creo que en esa desoladora declaración está la clave de lo que nos pasa. La violencia y el delito van por delante de las previsiones, resguardos, planes, protocolos y capacidades de reacción y represión. En un centro de estudios el cuerpo docente no está preparado para controlar una trifulca violenta entre alumnos porque no es ese su cometido específico.

Sin embargo, con toda seguridad, los alumnos que se enfrentaron no serán sancionados como deberían con el agravante de que uno de ellos involucró a su familia en la pelea. ¿Habrá consecuencias para sus actos? ¿Serán expulsados o sometidos a una severa suspensión? Ya sé que esto no suena políticamente correcto y va contra los sentimientos inclusivos de muchos. Ignoro qué prevé el reglamento de Secundaria al respecto, pero sería bueno que los profesores intervinientes lo aplicaran.

En este episodio del Liceo 62, confluyen los datos de la conferencia de prensa del Ministerio del Interior y la realidad pura y dura que se exhibe más allá de las cifras. El verdadero origen de la violencia y el delito que nos desbordan y que esas cifras denuncian está por supuesto en la educación.

Si en una casa de estudios ingresa un alumno acompañado por su familia para golpear a otro alumno, el fallo es sistémico y el cuerpo social ha perdido la batalla por la convivencia. El principio de autoridad ya no se respeta y el contrato que rige a la sociedad está agrietado por mucho más que una brecha económica o de clases.

Cualquier solución que se busque para combatir la inseguridad y el delito, desde plebiscitar una ley para vivir sin miedo a aplicar la tolerancia cero, será insuficiente si la clase política en todo su espectro no asume una urgente y consensuada reforma educacional que ayude a reconstruir desde cero el tejido sociocultural de la sociedad. No se puede vigilar, reprimir y encarcelar indefinidamente si nuestras cárceles son academias del delito. La educación pública actual, con o sin 6 por ciento del producto, ha demostrado que también es un fracaso. La primera revolución urgente y necesaria que debemos encarar es la educativa, de lo contrario el futuro será violento y degradante.

Cada vez más el Uruguay y en especial Montevideo se asemejan a la distopía que plantea La naranja mecánica, la excepcional novela de Anthony Burguess que Stanley Kubrick llevó a la pantalla. Nuestra violencia diaria desatada y salvaje, con asaltos filmados por cámaras “de seguridad” que muestran a jóvenes con casco golpeando a una cajera con la culata del revólver o disparándole, parecen salir de aquella pesadilla imaginada por Burguess en la que pandillas de jóvenes apaleaban a viejos vagabundos por puro placer, o asaltaban residencias para violar a sus ocupantes.

Asesinatos, copamientos, rapiñas, ajustes de cuentas, violencia de género y crímenes por cuatro pesos son una versión casi calcada de lo que Burguess planteaba como un hábito de grupos inadaptados. Sin estar de acuerdo con la solución que ofrece la novela cuya lectura recomiendo, esta sucedía en el futuro y en un país desarrollado, mientras que nuestra violenta naranja mecánica se pela y vierte su sangriento jugo todos los días ante la impotencia ciudadana.