Hugo Burel
Hugo Burel

El verdadero corralito

Llama la atención la poca trascendencia social y política que ha tenido la decisión del Ministerio de Salud de impedir la apertura del llamado corralito mutual que desde 2009 habilita a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud cambiar de mutualista durante el mes de febrero.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades son tan arbitrarios como ri-dículos: con la medida se pretende combatir y liquidar lo que llaman "intermediación lucrativa", situación que se detectó durante la apertura anterior, en febrero de 2017, y que culminó con una sonada investigación sobre lo que se denominó "estafa del Fonasa". Al impedir los cambios se aplicó un viejo refrán: "muerto el perro se acabó la rabia". Al no permitirse cambiar, no hay lucro.

Más allá de que se haya habilitado para los usuarios que quieran mudar de prestador un engorroso procedimiento por la vía de cartas que los socios desconformes con su mutualista pueden presentar ante un comité decisorio al respecto —que evalúa los argumentos del reclamante para luego autorizar, o no, el cambio— todo este asunto huele a totalitarismo por donde se lo mire.

Según cifras oficiales, en febrero de 2017 fueron 1.621.581 las personas habilitadas para cambiar de institución, lo que representaba el 64% de la población total cubierta por el Seguro Nacional de Salud, que ascendía a 2.530.395 personas en el mes de enero. Ahora, por imperio de una decisión ministerial la masa actual de afiliados mutuales ha quedado inmovilizada como ganado dentro de un "corralito" que, más que una imagen gráfica, es una realidad física y material. Todo ello a los efectos de impedir que ese cuco que espanta al pensamiento progresista, la "intermediación lucrativa" —que en los negocios con Venezuela estuvo permitida— opere dentro de un sistema que padece problemas más graves que la operativa de una panda de comisionistas. Siguiendo la lógica oficial, es como impedirle a las personas salir de sus casas para evitar que los ómnibus o los automóviles los atropellen o sufran los ataques de los motochorros.

Al parecer todo esto no ha generado indignados, acaso porque el porcentaje de usuarios que optaba por cambiar de mutualista en febrero fue disminuyendo año a año. Pero dictaminar la prohibición calculando una mayoría que no se mueve para impedir a una minoría que lo haga, con el pretexto de combatir una actividad supuestamente delictiva, es una medida absurda que atenta contra el derecho del usuario a elegir. Esto es lo que en este momento les sucede a miles de afiliados al sistema mutual, deseen o no cambiarse de mutualista. Son personas a las que se les descuenta una cápita de sus ingresos y por lo tanto tienen derecho a elegir lo que pagan.

¿Es que a nadie le molesta tamaña intromisión del Estado en la vida privada? ¿Cómo el Ministerio del ramo es capaz de invocar el pretexto de la "intermediación lucrativa" —que practican unos pocos— para tener de rehenes a más de un millón seiscientos mil usuarios del mutualismo? Indudablemente, el verdadero corralito es el otro, el que aceptamos cada día que renunciamos a indignarnos ante un atropello más de un Estado entrometido que, en relación a la elección del prestador de salud, nos trata como si fuéramos adultos sin discernimiento.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)

º