Contra viento y marea el Gobierno está decidido a firmar el convenio con Aratirí, a pesar de que son muchos los cuestionamientos que se formulan desde ámbitos tan variados como el sector académico, las principales gremiales rurales, políticos, vecinos a lo largo de toda al área de influencia del mega proyecto y, desde luego, ambientalistas de todo el país.

Contra viento y marea el Gobierno está decidido a firmar el convenio con Aratirí, a pesar de que son muchos los cuestionamientos que se formulan desde ámbitos tan variados como el sector académico, las principales gremiales rurales, políticos, vecinos a lo largo de toda al área de influencia del mega proyecto y, desde luego, ambientalistas de todo el país.

Los flancos son diversos. Por un lado, las autoridades ocultan información sobre el alcance de las negociaciones, recurriendo al argumento falaz de proteger aspectos de valor estratégico empresarial o sensibles al alcance de las negociaciones, cuando en realidad, introducen en esa gran bolsa oscura datos básicos del proyecto que son de claro interés general.

Recordemos que es un emprendimiento que compromete recursos naturales del país, que afectará no solo la zona de extracciones del mineral sino a un área de influencia de muchos kilómetros a la redonda, que cambiará el curso de un río, y que modificará la geografía del paisaje. Además implica la construcción de una terminal portuaria nada menos que en la costa oceánica uruguaya. Nadie ignora que se trata de un patrimonio de inestimable valor turístico y natural, que cada vez de valorizará más.

En este sentido el Ejecutivo maneja la información a su conveniencia sin decir cuál es la situación real. El llamado “puerto de aguas profundas” es parte indisoluble del proyecto de la empresa, o se construye o no se extrae el hierro. La existencia de esa terminal es imperativa para el inversor, y ciertamente no es una necesidad para el país.

Los principales especialistas en la materia han sido concluyentes: no será rentable la construcción de un puerto en Rocha, por falta de volúmenes de carga, y de toda la infraestructura que habría que llevar, instalar y mantener para convertirla. Su operativa será muy cara.

También se engaña a la opinión pública cuando se dice que habrá medidas de mitigación en las enormes minas, que permitirán reconstruir la zona. Eso no va a ocurrir porque lo inversión tecnológica que habría que hacer haría absolutamente inviable el proyecto. Una vez finalizada la extracción de los yacimientos metalíferos quedarán enormes elevaciones de escombros amontonados y profundos cráteres, expuestos a los procesos naturales de erosión y de un muy lento llenado con agua de lluvia, donde hoy existen campos fértiles que producen riqueza de manera sostenible.

Pero durante los 10 o 15 años de explotación se producirá una muy elevada polución del aire por partículas en suspensión, así como la contaminación acústica provocada por las estruendosas explosiones diarias que se realizarán para destruir el subsuelo en busca del hierro.
También las aguas superficiales y subterráneas de la región se verán afectadas, con perjuicios a muchos más padrones que los seleccionados para llevar adelante el proyecto. Los vecinos lo saben y es por eso que en su gran mayoría se oponen a su realización.

Así como los últimos gobiernos no quisieron oír las constantes y razonables advertencias sobre el rumbo que le habían dado al caso Pluna, con Aratirí están cometiendo el mismo error. En el primer caso la sociedad uruguaya perdió mucho dinero que eventualmente se podrá recuperar. Pero con la mega minería quedará un pasivo ambiental y social sin remedio.