Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

El tren de la discordia

La falta de transparencia del actual gobierno del Frente Amplio, en varias de sus decisiones, acciones y proyectos y, sobre todo, la escasa voluntad de informar en tiempo y como se debe, a la ciudadanía, sobre los alcances de los mismos, ha generado una creciente movilización social, que busca respuestas en forma proactiva.

En ese escenario las acciones de algunas organizaciones civiles realizadas ante los poderes Ejecutivo y Judicial se van transformando en un valioso mecanismo de contralor del poder que, por lo menos, mejora el conocimiento de la opinión pública respecto de qué es lo que está sucediendo.

El acuerdo firmado por Presidencia y la empresa finlandesa para la construcción de la tercera planta de celulosa en el país, es un buen ejemplo.

A todo lo ya dicho sobre las condiciones leoninas para el país que aceptaron nuestros actuales gobernantes, se le siguen agregando nuevas “manchas al tigre”, a medida que se obtiene más información.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) denuncia que la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas negaron ante la Justicia que existan los estudios que los llevaron a decidir el pasaje del tren de UPM a través de las ciudades de Canelones y Montevideo. Recordemos que el propio ministro Víctor Rossi, más de una vez declaró públicamente ante los vecinos que se verán afectados, que el trazado decidido (intracitadino) se sustenta en los estudios -muy fundamentados- realizados a esos efectos.

Hasta las dos intendencias antes mencionadas habían propuesto un trazado diferente, respetando los planes de ordenamiento territorial vigentes en sus jurisdicciones.

Cuando Movus solicitó acceso a tales estudios, amparándose en el derecho de acceso a la información pública que contempla la ley 18.381, la Presidencia y el Ministerio se los negaron.

El argumento utilizado fue que la confidencialidad que impera en todo lo concerniente a UPM lo imposibilitaba. Lo insólito -y contradictorio con lo declarado una y otra vez desde el gobierno- es que si bien la empresa finlandesa será la gran beneficiada con este tren, se trata de una obra pública que pagaremos todos.

Ante la negativa, Movus realizó la petición ante el Juzgado de lo Civil de Primer Turno, el que finalmente emitió sentencia diciendo que no había objeto en el juicio, ya que la información reclamada (los estudios) no existe.

Este dictamen deja en evidencia que se viene engañando a la población en un asunto de gran sensibilidad, que se trata nada menos que de la la calidad de vida que tendrán todas las familias afectadas directamente por el pasaje diario y constante de los convoyes de UPM, transportando mercadería normal además de productos químicos peligrosos, por zonas densamente pobladas.

El dictamen judicial deja en evidencia que el Ejecutivo no ha cumplido con el marco jurídico nacional y departamental vigente que regula estas cuestiones.

Resulta incomprensible que las autoridades asuman conductas tan irresponsables y tan poco transparentes.

Son muchas las irregularidades que deberán ser corregidas a la brevedad.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)