Demasiadas incertidumbres se ciernen sobre el proyecto Valentines de la Minera Aratirí.

Demasiadas incertidumbres se ciernen sobre el proyecto Valentines de la Minera Aratirí.

Buena parte de la información del expediente está declarada confidencial, argumentando que se trata de secretos de naturaleza comercial. Luego de dictarse un fallo judicial que obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a facilitarle la documentación a una organización no gubernamental opuesta a la megaminería en el país -derecho consagrado en la ley- solamente pudo acceder a 190 páginas de un total de 4.000. Queda en evidencia el secretismo con que se está manejando el proyecto; por lo tanto no sabemos a qué atenernos si finalmente se lleva a cabo.

Al mismo tiempo continúan, en el más absoluto hermetismo, negociándose los términos del contrato entre el gobierno y la empresa. Son aspectos claves para poder darle aceptables garantías a la sociedad uruguaya, que algo no salga muy mal, y sea ella la que termine pagando cuantiosos pasivos ambientales y económicos. Sin duda es un proyecto que presenta muchas más sombras que luces.

Hay algunos aspectos del contrato a suscribirse que no pueden faltar. El gobierno le debe asegurar a la ciudadanía que la empresa realizará las obras de remediación ambiental aprobadas, con fechas de finalización, a lo largo de todas las etapas de la explotación. La realización de las mismas resulta esencial para la mitigación de los impactos y para el cumplimiento de todas las etapas previstas en el proyecto autorizado.

Tomando en cuenta numerosas pésimas experiencias mineras en la región, también deberá exigirle un depósito de garantía ejecutable en el Banco de la República, que nos blinde ante cualquier imprevisto; aquellos que suelen provocar el abandono inesperado de las explotaciones (por ejemplo, cuando cae la rentabilidad y la quiebra de la empresa local.
Otro aspecto fundamental en la defensa de la soberanía nacional es dejar acordado en el documento que, todo litigio que pudiera surgir por daños ambientales u otros incumplimientos, se dirima en tribunales nacionales. Son bien conocidos los resultados que pueden darse contra los intereses de nuestros pueblos, cuando las contiendas entre empresas multinacionales y gobiernos se resuelven en tribunales internacionales, porque pierde peso el marco jurídico local.

Un buen acuerdo de megaminería de hierro sería aquel que prohíba la exportación de concentrados del metal, sin otro valor agregado que el resultante de la operativa mínima y básica de su preparación. Como está previsto en el actual proyecto, venderemos un recurso natural primario sin ningún procesamiento que le incremente su valor de base. En el caso de explotarse los yacimientos de hierro de Valentines, debería incluir la realización de distintos procesos de industrialización, dentro del territorio nacional. Generaría mucho empleo permanente y mano de obra calificada.

Estamos seguros de que difícilmente alguna empresa dedicada a la minería de gran porte acepte suscribir un acuerdo que contenga requisitos y condiciones como las mencionadas que no hacen más que garantizar la defensa de los legítimos intereses del país. A no engañarnos; el desarrollo sustentable conduce al bienestar social y a la salud ambiental del país.