Somos una comunidad caracterizada por una historia muy marcada por la producción ganadera, definiendo una cultura fuertemente arraigada a la tierra.

A pesar de la enorme importancia que siempre tuvo nuestra conexión con el mundo a través de los puertos, se puede decir que no valoramos en su justo término el valor del mar territorial uruguayo.

De hecho, nos consideramos un país pequeño —176.215 km2 de superficie terrestre— casi sin tomar en cuenta que además disponemos de algo más de 200.000 km2 de aguas territoriales.

En esa vasta extensión ejercemos derechos exclusivos sobre todo lo que hay debajo y encima de la plataforma continental. Constituye un patrimonio de enorme valor que debemos cuidar con mucho celo y profesionalidad, algo que no ocurre.

Lo más urgente es evitar la depredación de la riqueza ictícola, para lo cual se necesita una Armada moderna, eficiente, muy bien equipada y entrenada, pero también con autonomía para actuar en la prevención y represión de los delitos. La sobrepesca legal e ilegal está colocando a los recursos pesqueros en una muy peligrosa situación de deterioro extremo.

Es necesario que la sociedad uruguaya lo antes posible tome cabal consciencia del problema, sea proactiva y exija soluciones.

El año pasado, la Organización Conservación de Cetáceos (OCC) de nuestro país llevó a cabo la campaña "Oceanosanos" con el objetivo de informar y concienciar a las personas y al sector público sobre la grave situación de los recursos pesqueros, subrayando la falta de información, transparencia, participación y garantías para asegurar que la pesca en Uruguay sea sostenible.

Difundió que el 90% de los recursos pesqueros nacionales están plenamente explotados o en estado de sobrepesca. Advirtió del peligro que significa no contar con garantías de monitoreo, control y vigilancia en nuestras aguas.

Desde luego que desde el Poder Ejecutivo no se acepta que la situación sea muy preocupante, y menos aún las críticas al accionar de las autoridades competentes.

Desde 2013 rige una ley de pesca que no se aplica por no haber sido reglamentada.

Aunque en casi todos los discursos y documentos se incluye la palabra "sustentable", su real aplicación nunca llega, solo queda en la retórica.

Resulta obvio que la correcta gestión de nuestro territorio marítimo debe ser de prioridad nacional por el impacto directo que tiene en la conservación de esa importante parte del patrimonio nacional; pero también porque genera y asegura puestos genuinos de trabajo, y contribuye al desarrollo socioeconómico del país en la dirección correcta: que éste transcurra de manera sustentable.

Para lograrlo es necesario alcanzar un manejo integrado del ecosistema marino y "estuarino", incluyendo la creación de nuevas áreas protegidas —como propone la OCC— en zonas de alta sensibilidad para la recuperación natural de las poblaciones de peces y otros recursos, que están bien identificadas.

Estas estrategias son las que dan real sentido al concepto de "conservación", tantas veces mal interpretado como "no tocar" cuando, en realidad, significa lo opuesto: utilizar con racionalidad para garantizar su aprovechamiento a muy largo plazo.