Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Remendando las cosas

Mucho se ha dicho sobre los términos inconvenientes en que el gobierno anterior acordó el contrato para la construcción de la tercera planta de celulosa en el país.

Del mismo surge con nitidez que Uruguay aceptó ser la parte débil del acuerdo, realizando toda clase de concesiones a cambio de asegurarse que llegara la millonaria inversión.

Lo más serio es que Presidencia firmó un acuerdo en secreto con una multinacional excediendo las competencias que le asigna la Constitución de la República. De esa manera se aseguró que el proyecto no pasara por el filtro republicano del Parlamento, y que lo términos acordados tampoco tomaran estado público hasta la firma del documento.

Ningún proyecto de desarrollo justifica que se proceda de esta manera. Por el contrario cada vez resulta más evidente el valor y la importancia del acceso a la información oficial, por ser un derecho que fortalece a las instituciones, revitaliza a la democracia, estimula los procesos de empoderamiento y afirma la gobernanza; mejorando la convivencia social, protegiendo la justicia y asegurando líneas de desarrollo sostenibles y más equitativas para la población.

Estamos hablando de un enorme proyecto que involucra nuevos usos del territorio y de los recursos naturales. Pero además de la millonaria inversión extranjera, implica erogaciones de gran cuantía para las arcas del estado, o sea para los bolsillos de los contribuyentes (expropiaciones, obras de infraestructura, compra de energía eléctrica a precios superiores a los del mercado, etc.) que debieron conocerse al detalle antes de la firma.

Ente este panorama lo más importante es que nuestro país asumió esos compromisos y debe cumplirlos, porque nuestro activo más importante en materia de inversiones -esenciales para el desarrollo- es que debemos garantizar siempre la máxima seriedad jurídica y responsabilidad institucional de que los acuerdos se respetan “a rajatabla”.

Son muchos los aspectos a solucionar, a lo que hay que agregarles inesperadas “malas noticias”, como por ejemplo los erróneos cálculos de los padrones afectados por el tren que unirá Paso de los Toros y Montevideo (se triplicaron las expropiaciones), o los estudios mal hechos acerca de la consistencia de los suelos sobre los que se apoyará el tendido de las vías, para que soporte en enorme peso de los convoyes que transportarán los materiales y productos de la planta.

Hay que mirar para adelante porque así lo requiere el bienestar de la ciudadanía. Hasta ahora el nuevo gobierno lo está haciendo bien, tomando decisiones sobre la marcha en una multiplicidad de asuntos que debieron estar solucionados.

Mucha tela queda aún por cortar en un año inesperadamente difícil por la pandemia. En este caso ayudará que ambas partes tienen un gran interés en que el proyecto se concrete y se desarrolle de la mejor manera posible.

Debemos rescatar un valioso aprendizaje en todo esto. El proceder de los gobernantes debe garantizarle a la ciudadanía la máxima transparencia en sus decisiones y desempeños. “Lo confidencial”, “lo secreto” debe manejarse con extremo celo legal, en circunstancias excepcionales, para que en el futuro no ocurra lo mismo.

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