Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

No todo lo que reluce es oro

¿Cuánta desesperación económica estará experimentando el gobierno al impulsar de manera tan desenfrenada la concreción de la construcción de la más grande planta de celulosa en el país?

Debe ser mucha porque acordó en secreto una larga lista de beneficios y prerrogativas al inversor, que no se explican de manera lógica.

También parece dispuesto a asumir enormes costos que podrían generarse por los impactos ambientales negativos que tendría el emprendimiento una vez en funcionamiento, sin que ello le haga temblar el pulso.

En 13 años de gobierno, incluyendo una bonanza económica histórica y mayorías parlamentarias, el oficialismo no solucionó, ni siquiera atenuó, la alarmante contaminación que registra el río Negro.

El aspecto ambiental crítico del proyecto es el gigantesco consumo de agua que necesita la planta para funcionar al ritmo de producción previsto. Porque implica usar unos 125 millones de litros por día, devolviendo al medio natural algo más de 100 millones pero como efluentes industriales.

¿Quién puede creer que con el funcionamiento de UPM-2 mejorará la "salud" de las aguas del río?

Se incluyó en el contrato UPM-ROU (debería decir UPM-Presidencia de la República) que la empresa cubrirá los costes de las obras de saneamiento en Paso de los Toros (13.000 habitantes) y Pueblo Centenario (1.200 habitantes) en un pago único, como si esto revirtiera la situación de degradación del río. Ni siquiera suman 15 mil habitantes. De construirse la planta su vertimiento diario de efluentes industriales ocurrirá durante todos los días de los dos decenios —o más— que está previsto su funcionamiento.

Nos surge otra pregunta: ¿por qué una empresa extranjera que pretende invertir más dinero en el país, debe asumir los costes de saneamiento de dos centros poblados, cuando esas obras y servicios son responsabilidad directa del gobierno?

Es lógico pensar que ese desvío de la inversión, que nada tiene que ver con la producción de celulosa ni las obligaciones del particular, está compensado "con creces" mediante los beneficios conseguidos del gobierno uruguayo.

Hay que recordar que además la empresa pretende que las autoridades competentes la habiliten a utilizar aguas subterráneas, en caso de ser necesario. De conseguirlo se abre una gran incertidumbre tomando en cuenta que estamos hablando de un recurso estratégico del país particularmente sensible a ser utilizado a gran escala por la industria. Hay que agregar que de concretarse, el estado no se caracteriza por ser un buen fiscalizador en estos rubros.

Se sabe que del monto total de la inversión anunciada por la empresa la mayor parte se realizará en el exterior, mediante la compra del sofisticado equipamiento de la planta.

A su vez, el país se priva voluntariamente de los aspectos más redituables de esta clase de emprendimiento —y a largo plazo— a través de la generosa exoneración de pago de impuestos con que suscribe el acuerdo, y que no corre para inversionistas nacionales.

Todo parece indicar que será un nuevo ejemplo de privatización de las ganan-cias y socialización de las pérdidas, porque los costos ge-nerados por el deterioro del río, acuíferos y ecosistemas involucrados, los pagaremos entre todos.

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