La humanidad enfrenta un dilema enorme al tener que decidir qué hacer con las grandes selvas y bosques que aún sobreviven en el planeta.

La terrible crisis que está viviendo la Amazonia debida a la proliferación criminal de incendios provocados a lo largo y ancho de su extensión -incluso fuera de Brasil- demanda un abordaje inmediato y responsable del tema.

Desde luego las soberanías nacionales no se tocan. Pero no significa que esté de más la presión y la cooperación internacional. Por el contrario, estos asuntos globales requieren de soluciones concebidas con la mayor amplitud y participación posible; con mucha creatividad basada en el involucramiento de todos los actores que están directa e indirectamente vinculados al devenir de la mayor selva tropical lluviosa del planeta.

Aunque nadie se atreve a cuestionar la importancia que tiene para la salud de la Tierra, todavía no existen los mecanismos institucionales para transformar el valor de esos bosques en pie en el fundamento de una economía basada en la conservación del ecosistema. Y no en su destrucción. Hablamos de una economía diseñada principalmente en el valor de los servicios ambientales: mantenimiento de la diversidad biológica, del ciclo del agua para gran parte de Sudamérica, como reservorio de carbono para luchar contra el calentamiento global.

Para lograrlo sigue pendiente disponer de una contabilidad ambiental ajustada a la realidad de cuantificación de los servicios ambientales, y también de una mejor utilización de los fondos existentes para la protección y el desarrollo sostenible.

No es necesario recordar que la economía actual de la Amazonia se basa casi por completo en la destrucción de la selva, procurando un cambio extremo en el uso de la tierra hacia la ganadería, la agricultura y la minería. Son muy escasas o residuales las actividades sostenibles que se despliegan en ella, como la del caucho y la cosecha de la nuez de Pará o de Brasil.

Uno de los aspectos estratégicos para lograr una buena conservación de la Amazonia tiene que ver con las vías de acceso. Está ampliamente demostrado que ninguna decisión activa, promueve más la tala de árboles y la quema de los bosques que la construcción de carreteras, que permitan el acceso de personas y maquinarias a zonas alejadas y poco alteradas.

Significa que los países amazónicos deben manejar con extremo celo todos sus proyectos de conectividad terrestre en esas zonas. Porque como aún no cuentan con políticas de desarrollo sostenible -serias y probadas- deberían evitar la expansión vial ya que seguramente potenciará aún más la devastación ilegal de las regiones selváticas a mano de especuladores, empresarios y oportunistas, que está ocurriendo a ritmo acelerado.

El Comité Sudamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) -ONG creada hace más de 70 años- emitió una declaración reclamando que las políticas públicas de los países amazónicos respeten los acuerdos internacionales vigentes (Convención de Biodiversidad, de Cambio Climático, de Desertificación y Sequía), y que el delicado tema de los incendios amazónicos no lo encaren desde posturas político-partidarias, sino basándose en la mejor evidencia científica disponible. Dos muy sabios consejos.