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A puertas cerradas

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Hernán Sorhuet Gelós
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El gobierno se apresta a concretar un nuevo acuerdo para la instalación de la tercera planta productora de celulosa en el país.

La lectura superficial del hecho conduce al gran público a considerarla una buena noticia porque implica una gran inversión extranjera y muchos puestos de trabajo mientras dure su construcción. Pero lleva implícita enormes cuestionamientos.

El primero tiene que ver con el absurdo secretismo que cubre los términos de las negociaciones, algo inaceptable en el seno de una sociedad democrática, por la sencilla razón de que los representantes de la ciudadanía le niegan a esta conocer qué le está pidiendo el privado y cuánto se está dispuesto a concederle.

La frágil justificación esgrimida se centra en la existencia de cláusulas de confidencialidad. Sin disponer de esa información elemental no es posible ejercer correctamente el control democrático sobre la conducta de nuestros gobernantes.

Como si esto fuera poco, al firmar el acuerdo "secreto" nuestro país se obliga a cumplir las condiciones incluidas en el documento.

Todo hace suponer que las exigencias de UPM incluyen una batería de beneficios que ni cerca se le han brindado antes a la inmensa mayoría de inversionistas y productores locales, a pesar de sus históricos reclamos en ese sentido.

Nos referimos a: exoneración o rebaja de impuestos, concesión de zona franca, flexibilización de las normas laborales. ¿Nada tiene para decir el cogobernante Pit-Cnt? Energía barata, mejora sustancial de la infraestructura vial, una línea ferroviaria nueva y un lugar en la terminal portuaria de la capital.

¿Por qué la producción de los uruguayos no tiene acceso a precios razonables de la energía y a cargas tributarias que no comprometan su viabilidad?

¿Cuánto nos costará esta "negociación" a puertas cerradas? Nos vamos a enterar cuando ya muy poco podamos hacer para minimizar el dinero extra que saldrá de nuestros bolsillos.

Deberíamos preguntarnos por qué hay que conceder tanto para atraer inversiones importantes.

La respuesta parece obvia. La situación del país es mala. Su infraestructura es pésima, la carga impositiva conspira contra la competitividad, y los conflictos sindicales pueden inviabilizar cualquier emprendimiento.

A todo esto hay que sumarle los cuestionamientos ambientales, que no son pocos.

La tercera gran pastera se localizará sobre el río Negro en el centro del país. Como lo ha reconocido la propia jerarquía del Ministerio de Medio Ambiente, ese curso de agua ya está contaminado en niveles preocupantes e inaceptables. ¿Qué han hecho para corregir el problema que se conoce desde hace mucho tiempo? Si tienen un buen diagnóstico de la situación, ¿qué están esperando?

Y mientras tanto, ¿el Ministerio accederá a que se le sume al río una nueva presión de efluentes?

La reciente e inesperada gran mortandad de peces en una de las represas dejó al desnudo la desconexión e improvisación que imperan en la gestión del río.

Lo lógico es esperar transparencia e información oficial clara, pertinente y en tiempo real de la situación ambiental del país. Pero esta esperanza se diluye rápidamente ante el secretismo de la actual negociación con la multinacional.

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