A esta altura de los acontecimientos, y sin necesidad de entrar en ninguna consideración de carácter ambiental, estamos convencidos de que sobran argumentos para que nuestro país no firme un contrato definitivo con UPM.

El proyecto fue pésimamente concebido, y además los negociadores gubernamentales han aceptado condicionamientos absurdos para Uruguay.

Sorprende que tres funcionarios de la Presidencia de la República se arroguen una representatividad que no les corresponde y firmen un contrato de estado con una multinacional que, según la opinión de numerosos especialistas, pretende transformarse en un contrato-ley; lo que significa que sin ser una ley -pues no interviene el Parlamento- tenga efectos de ley. O sea, nos genere obligaciones respecto de una empresa privada.

Esta estrategia impide que se pueda plantear su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, o que por iniciativa popular se impulse un referéndum contrario a su existencia, porque en los hechos no hay una ley a dejar sin efecto por alguno de estos dos caminos. De esta forma se burlan los controles naturales del Poder Legislativo, y también una eventual intervención del Poder Judicial.

Otro aspecto muy molesto del asunto es que el contrato firmado en noviembre de 2017 contiene una cláusula notoriamente ilegítima hasta para el sentido común; establece que en el futuro, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo y los gobiernos departamentales podrán modificar ninguna de las condiciones de privilegio que le fueran otorgadas a UPM. Si así ocurriera la empresa tiene derecho a demandarnos ante tribunales internacionales. Concede un privilegio extraordinario que nadie tiene en el país.

Resulta inexplicable la excepcionalidad que implica esta absurda concesión, aceptada por la Presidencia de la República ante la exigencia impuesta por un inversionista privado. Si se concreta quedaremos prisioneros de los términos del contrato durante varias décadas, hasta el final de su vigencia.

En cuanto a la ecuación económica, aunque el proyecto se anuncia desde el oficialismo como un hecho muy ventajoso, en realidad no lo será, pues las condiciones exigidas por la empresa le significarán al país una inversión de muchos millones de dólares, para beneficio directo del inversor, y no de la sociedad como se ha dicho. El denominado “ferrocarril central”, que implica la construcción de una red ferroviaria nueva y moderna del tramo que une Paso de los Toros y Montevideo, será de uso preferencial de UPM.

Se podría pensar que ello no impedirá una utilización compartida. Pero en la práctica no ocurrirá porque en el contrato firmado se establece que UPM tendrá la preferencia durante las 24 horas de cada día del año. Además dispondrá de 24 horas de anticipación para modificar las frecuencias de sus viajes. Quiere decir que el estado tendrá solo ese tiempo para saber si contará con el uso de esas vías. No podrá programar viajes de pasajeros o de transporte con otros usuarios. En los hechos, el acuerdo implica la entrega del uso exclusivo de ese tren a UPM. Por lo tanto, si no se construye UPM2 no habrá ferrocarril central, aunque se insista en decir lo contrario. Y recordemos que estas no son las únicas razones para definir este proyecto como negativo para el país.