El gobierno parece percibir a la tercera planta de celulosa como la última oportunidad de presentar algo importante, conseguido al final de su tercer mandato.

El costo es inmenso, pues escogió ese camino arriando -sin titubear- sus principales banderas ideológicas; aquellas que todos estos años le han permitido justificar su existencia como fuerza política.

Aceptó de una multinacional la mayor presión e imposición de condiciones leoninas de la historia, a cambio de invertir en el país.

Se comprometió a asegurarle a la empresa extranjera multimillonarias ganancias a través de por ejemplo: exoneraciones impositivas; concesión de zona franca; prioridad en el uso del agua del río Negro y de la red ferroviaria más moderna que tendrá el país; la compra por parte de UTE de todo el excedente energético que genere a un precio ubicado por encima del valor de mercado.

Se trata de una transferencia multimillonaria de dineros de los contribuyentes a las arcas del empresario privado.

Si esta decisión hubiese sido tomada por un gobierno tradicional, toda la izquierda uruguaya la estaría descalificando como una “política neoliberal” construida a espalda de los legítimos intereses de la gente. Seguramente contaría con el solidario apoyo del movimiento sindical, siempre atento a estos asuntos.

Pero como proviene de la cúpula dirigente del Frente Amplio, nada de esto se menciona. Ningún sector de la coalición -ni siquiera algún integrante de ella a título persona- se atrevió a cuestionar tanta traición concentrada en un solo proyecto a los postulados históricos anticapitalistas, antiimperialistas, antimultinacionalistas, que vienen repitiendo sin descanso desde hace más de medio siglo.

El proyecto fue concebido en secreto, para que la oposición política ni la gente se enteraran del tenor de las negociaciones con el privado, hasta que “fuera demasiado tarde” (firma del primer acuerdo). Pero no fue suficiente. Evitó que el asunto se pusiera a consideración del Parlamento -como marca la Constitución para asuntos de esta envergadura- firmando la Presidencia en nombre de Uruguay, algo que está fuera de sus competencias. También en este tan delicado punto solo hubo silencio cómplice de partidos, sectores e individuos frenteamplistas. “Todo bien” para ellos.

Pero hay más. Sin chistar le aceptaron a la multinacional la imposición de modificar contenidos en los planes de la educación pública de la zona de influencia de la planta -para mejorar su imagen- ; de garantizarle que en el futuro el Poder Legislativo no podrá modificar todos estos privilegios que hoy exigen como condición sine qua non para invertir en su segunda planta, y de blindar a la planta contra medidas sindicales que afecten su funcionamiento, como por ejemplo ocupaciones o bloqueos de rutas, que se aplican al resto de la actividad en todo el territorio nacional cada vez que los trabajadores lo consideran oportuno. ¡Increíble!

Imaginemos por un instante la virulencia de las acusaciones que esa misma izquierda estaría vociferando si estas imposiciones abusivas fueran aceptadas por alguno de los gobiernos de derecha más emblemáticos de las Américas.

Su monolítica disciplina partidaria es un ejemplo perfecto de verticalismo al mejor estilo castrense.