Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Preguntas sin respuestas

La principal objeción que surge al conocerse los detalles del proyecto de construcción y funcionamiento de la tercera planta de celulosa en el territorio nacional (UPM2), es su localización a orillas del río Negro.

Será la más grande pero funcionará sobre un río más chico. Un río que además, desde hace tiempo, presenta crecientes niveles de contaminación, lo suficientemente significativos como para que se ponga en acción una política permanente y audaz para revertirlos.

A pesar de las denuncias y alertas que desde hace mucho tiempo vienen realizando los directos afectados y las autoridades locales, los gobiernos de la última década no han hecho nada para remedir el estado de deterioro que presenta el río Negro.

Lo más llamativo es que esa postura oficial es disímil a la asumida con otras cuencas importantes del país, como por ejemplo la del río Santa Lucía, en la cual se aplica desde hace tiempo una elaborada estrategia de prevención y recuperación.

Tiempo atrás, desde tiendas gubernamentales se dijo que cuando la planta esté funcionando en la zona de Pueblo Centenario (Durazno), mejorará la calidad de las aguas del río, como si se tratara de una usina depuradora de agua, cuando en realidad lo que hará será utilizar diariamente gigantescas cantidades de agua del río, para diluir sus efluentes industriales.

Aquí es dónde radica el meollo del asunto. Nos permitimos una digresión y tiene que ver con una muy antigua costumbre de los seres humanos. Nos referimos a visualizar los cursos de agua como receptores “naturales” de nuestros desechos, especialmente porque su cauce nos asegura que “el problema” rápidamente se alejará de nuestra vista, y a muy bajo costo.

Debería estar muy claro para todos que estas conductas son nefastas e insostenibles, y por lo tanto inaceptables. Necesitamos un cambio profundo de mentalidad en este sentido, acompañado del compromiso de todos, para que se incorpore a los comportamientos cotidianos.

Si una fábrica toma agua de cualquier fuente para realizar sus labores, deberá devolverla en las mismas condiciones -o en mejores. Es la única forma de que las actividades humanas no se transformen en nocivas para los sistemas hidrológicos, tan esenciales para la salud ambiental de los ecosistemas.

La planta UMP2 necesita utilizar volúmenes tan grandes de agua del río Negro que, en el acuerdo firmado con el gobierno uruguayo incluyó la obligación de éste, de asegurarle un flujo determinado de agua, todo el año. No importa si hay sequía o si aumenta la demanda de la represa hidroeléctrica; según este acuerdo la prioridad hídrica del río para el país la tendrá la empresa privada, y no la sociedad.

Ante este panorama resulta muy difícil de explicar el porqué de esta postura del gobierno uruguayo, tan proclive a satisfacer las demandas de una multinacional, cuando jamás haría tales concesiones con empresarios locales. A ello se le suma que el proyecto compromete este cuestionable uso de los recursos naturales por muchos años; y que tampoco será un gran negocio para el país porque el inversor contará con toda clase de exoneraciones, exenciones y beneficios fiscales durante todos los años que UPM2 opere en el país.

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