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Otro pésimo manejo

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Hernán Sorhuet Gelós
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A pesar del secretismo con que el gobierno y la empresa UPM han manejado sus negociaciones para la eventual instalación de una tercera planta de celulosa en el país, algunas informaciones han trascendido.

Estudios realizados por la Facultad de Ciencias establecen los niveles actuales de contaminación con fósforo que registra el río Negro. En las tres represas (Rincón del Bonete, Baygorria y Palmar) la presencia de ese desecho supera con creces los 25 miligramos por litro de agua que la norma vigente establece como admisibles.

Como se sabe la presencia de fósforo en cualquier cuerpo de agua actúa como nutriente para la proliferación de cianobacterias; algas que resultan tóxicas si son consumidas por las personas y los animales —ya existen muchas denuncias de productores rurales por la muerte de animales a consecuencia de haber bebido agua del río.

El Ministerio de Medio Ambiente sigue estando en falta por permitir y no mitigar adecuadamente los niveles actuales de contaminación en las aguas del río Negro. Si se instala la nueva planta en las proximidades de Pueblo Centenario la situación se agravará considerablemente debido a que su producción superará a la de Fray Bentos, mientras que el caudal del río será diez veces menor que el del río Uruguay. Por lo tanto, para que por lo menos el nivel de vertidos tuviese el mismo efecto, la nueva planta debería desechar 10 veces menos fósforo que la de Fray Bentos; algo que la empresa no se compromete a realizar.

Por el volumen de producción que se anuncia, la tercera planta agregará más miligramos de fósforo por litro de agua al río.

La jerarca del ministerio intenta transmitir tranquilidad a la opinión pública diciendo que si la empresa incumple la normativa vigente se la multará, pudiéndose llegar al cierre de la misma. Muy pocas personas pueden creer que esta posibilidad llegue a concretarse, sin importar el grado de incumplimiento que llegara a producirse, tomando en cuenta el peso que ejercería la gigantesca inversión realizada.

En el contrato firmado UPM se compromete a compensar ambientalmente a Uruguay aportando apoyo técnico y financiero para mejorar la calidad de las aguas, y expresa que destinará US$ 10,5 millones para esa contingencia. ¿Cómo pueden fijar un monto de dinero sin que se hayan realizado los estudios de impacto ambiental, que determinen los niveles de daño al ecosistema?

Por su parte voceros de la empresa manifestaron que con la tecnología que pretenden utilizar puede revertir la situación de contaminación de las aguas del río Negro al cabo de cinco años de funcionamiento.

Si es así, tal compromiso deberá estar incluido en el contrato con total claridad: si al cabo de ese período no lo consiguieron deberán cerrar sus instalaciones. Con esa promesa por escrito sin duda será mucho más creíble para todos.

Mientras tanto el próximo miércoles en el Anexo del Palacio Legislativo funcionará una interesante mesa de reconocidos juristas (Aguirre, Korzeniak, Lust y Viana) que analizarán legalmente el acuerdo firmado por el gobierno y la empresa.

Hay mucho a discutir antes de embarcar al país en un proyecto muy cuestionable.

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