Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Pésima decisión

A medida que se acercan las elecciones se incrementan en el gobierno, algunas conductas lesivas a la transparencia de su gestión

Se le oculta información a la ciudadanía o se posterga su difusión todo lo posible, al parecer con la intención de minimizar posibles costos electorales.

Semanas atrás tomó estado público la decisión de la Contaduría General de la Nación de dar de baja a los usuarios con los que los legisladores podían acceder a la información restringida al público, del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Esta invaluable fuente oficial de datos le permitía a los senadores y diputados conocer lo relativo a las contrataciones realizadas, saber por ejemplo quiénes representan a las empresas involucradas en la prestación de servicios a organismos estatales, así como qué gastos se efectuaron y los pagos realizados.

Recordemos que al Parlamento le compete controlar las cuentas del Poder Ejecutivo. Es una de las garantías que tiene la población de que no se cometan excesos o se dilapiden los recursos del estado. ¿Cuál podría ser la razón por la cual el Ministerio de Economía -a través de la Contaduría General- decidió excluir a los legisladores?

La explicación dada por la Contaduría nos resulta peor que la propia medida. Dice que es por cuestiones de ciberseguridad y que de seguir manteniendo esos usuarios (nada menos que los integrantes del Parlamento uruguayo) “representaría violentar la normativa sobre protección de datos”.

En los hechos, la única lectura posible es que el Poder Ejecutivo decidió interferir en el control de sus tareas que le compete al Legislativo.

¿Alguien puede creer que es casualidad la toma de esta medida extrema, cuando gracias a ese acceso parlamentario al SIIF se consiguió información clave para denunciar graves irregularidades, como la de ASSE (que derivó en el procesamiento del ex director del Hospital de Bella Unión) y del Mides?

La transparencia de la gestión pública pasa necesariamente por asegurar la mayor difusión posible de la información relativa a la misma.

¿Si no hay nada malo o censurable a ocultar, porqué hacerlo? El secretismo es una pésima decisión porque induce a sospechar incluso hasta de aquello que no está viciado.

Dado que no se ha producido ningún episodio grave o alarmante de ataque cibernético al SIIF, toda esta restricción parece apuntar más a la intención de limitar el acceso de los legisladores de la oposición a información sobre las contrataciones realizadas, temiendo que puedan dejar al descubierto irregularidades, posibles ilícitos, abuso de poder en la administración pública.

Porque la enorme diferencia entre tener acceso total al SIIF y contar con la opción de que la Contaduría le suministre a los legisladores los informes que requieran, radica en tres puntos cruciales: 1) que el Ejecutivo sabrá desde el comienzo qué le está investigando el legislador; 2) que administrará la información a enviarle al solicitante a su gusto, criterio y conveniencia; 3) y que el investigador ahora no puede ver “todo el panorama”, con lo cual ya no descubrirá asuntos que desconocía, ni se topará con “sorpresas” surgidas de la información relativa a las contrataciones oficiales que posee el gobierno.

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