El 1º de marzo un nuevo gobierno asumirá las máximas responsabilidades de la conducción de los destinos del país.

Será un cambio significativo desde varios puntos de vista, e incluirá la realización de diversas auditorias independientes, con el fin de conocer al detalle el estado y la situación real de las distintas reparticiones que se reciben, como punto de partida básico de una gestión que se pretende sea eficaz y transparente.

Uno de los temas ambientales más controversiales impulsado por el actual gobierno frenteamplista es la instalación de la tercera fábrica productora de celulosa sobre las márgenes del río Negro, en el centro del país.

Luego de una negociación llevada a cabo en secreto entre la empresa finlandesa y el gobierno uruguayo, que finalizó en la firma de un acuerdo en términos muy desventajosos para el país, serán muy pequeños los márgenes que tendrá el nuevo gobierno para lograr minimizar algunos de esos perjuicios.

Desde luego, ello no significa que no deba intentarse.

Los grandes proyectos de desarrollo merecen toda la atención y el celo de llevar adelante una gestión muy cuidadosa que asegure velar y defender los legítimos derechos de la sociedad. La generación de riqueza, de trabajo permanente de calidad y, al mismo tiempo que garantice la correcta gestión del ambiente, son pilares fundamentales para alcanzar el legítimo y tan necesario desarrollo nacional sostenible.

Dado que el mega emprendimiento UPM2 tendrá un alto impacto debido a su imponente magnitud, parece lógico esperar que también sea revisado, especialmente en todo lo vinculado a cuáles serán los posibles impactos ambientales que tendrá una vez que entre en funcionamiento, incluyendo toda la infraestructura adicional que va desde la producción de celulosa en Durazno hasta su embarque en el puerto de Montevideo.

En los países donde el cuidado del ambiente es un valor patrimonial fundamental para aspirar al bienestar y felicidad de sus pueblos, los estudios de impacto ambiental se toman muy en serio; no a la ligera. En Europa es obligatorio analizar el impacto acumulativo del proceso de contaminación durante la vida útil de un proyecto, lo que significa un estudio minucioso y detallado, que demanda mucho tiempo realizarlo. Aquí, en el caso que nos ocupa, la autorización ministerial del proyecto en materia ambiental se realizó en tiempo récord (ocho meses a partir de la presentación del estudio de impacto ambiental) porque estaba condicionado por los plazos perentorios establecidos en el contrato firmado.

Será el nuevo gobierno el que deberá realizar todos los controles y vigilar los detalles inherentes a la construcción de la planta, a su puesta en funcionamiento; sin olvidarnos también de qué manera será posible cumplir con un sinnúmero de obligaciones que contrajo irresponsablemente la Presidencia de Vázquez.

Esta tercera planta en suelo uruguayo le costará un gigantesco desembolso económico a nuestro país en lo que tiene que ver con la construcción de nuevas infraestructuras exigidas por el privado, expropiaciones, la compra de energía producida por la planta a precios ya establecidos -sin tomar en cuenta los precios del mercado del momento-, etc.

Es muy importante saber dónde estamos parados para prever acciones de prevención y mitigación de daños.