Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

¿Qué está ocurriendo?

La conducta del Poder Ejecutivo en materia de inversiones extranjeras en el país parece responder más a la desesperación que a la responsabilidad.

Basta pensar en el bochorno de la regasificadora, la instalación de una nueva planta productora de pasta de celulosa sobre el río Negro con condiciones inaceptables impuestas por la empresa, o la búsqueda de hidrocarburos no convencionales que se inició hace un tiempo en el departamento de Salto.

Con respecto a esta última, como ya se ha comentado, el proyecto contiene dos variables que lo hacen notoriamente inconveniente para el país.

El primero es que de hallarse lo que se busca (gas o petróleo en condiciones de baja concentración) la técnica que deberá utilizarse es la de la fractura hidráulica de la roca o fracking. Incluye la inyección a presión de agua mezclada con una serie de químicos que rompe la ro- ca, libera las pequeñas cantidades de hidrocarburo y luego se extrae la mezcla para separar y acumular el combustible.

En ese proceso se contaminan las aguas subterráneas, se altera el subsuelo, y además exige extremos cuidados en la superficie con los lodos de desecho.

El segundo problema es que en la zona donde se es- tá buscando, la contaminación generada podría afectar al acuífero Guaraní —patrimonio nacional de altísimo valor.

Hasta aquí la teoría. Pero en la práctica las cosas han resultado muy diferentes.

Desde que la empresa petrolera australiana a la que se le asignó el proyecto comenzó las perforaciones, se han dado una serie de incidentes y derrames de lodos muy serios. A tal punto que desde diciembre pasado tiene suspendidas las actividades.

El Ministerio de Medio Ambiente multó a la empresa con US$ 50 mil por "infracción grave" al constatarse que derramó 220 mil litros de lodos químicos a casi 500 metros de profundidad en la perforación que lleva a cabo en el cerro de Chaga (Salto) debido a que incumplió con su obligación de informar al organismo estatal de cualquier problema o inconveniente que surgiera en la operativa en el terreno. También, para continuar con sus actividades de búsqueda, le exigió una evaluación realizada por una empresa independiente de las partes "para valorar la significancia de la pérdida de lodos" incluyendo el potencial alcance de la infiltración de los mismos en conexión con el acuífero Guaraní. Esa condición le dará garantías de objetividad al país.

Ante ello la empresa interpuso un recurso en contra de la sanción pecuniaria del ministerio, y además presentó el mencionado informe pero no respetando las condiciones impuestas por el órgano de contralor ya que fue realizado por una empresa asociada a la petrolera australiana, y de manera que genera críticas de expertos nacionales de la Udelar.

Todo hace suponer que el Ministerio de Medio Ambiente no aceptará el informe pero habrá que esperar su decisión.

Se nos hace difícil entender las razones por las cuales nuestros organismos de fiscalización y contralor del cumplimiento de la normativa ambiental, a veces parecen flexibilizar su accionar, priorizando alguna ecuación económica al cumplimiento estricto de sus obligaciones.

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