Se tensa cada vez más el enfrentamiento entre los vecinos y la Intendencia de Canelones, debido al proyecto de construcción de una nueva planta de disposición final para los residuos de todo el departamento.

Siguiendo un procedimiento nada transparente (expediente manejado en forma "reservada") que comenzó con un llamado a licitación pública en 2016, el gobierno canario desembocó en el anuncio de que se construiría la gran planta en un terreno particular sobre ruta 8, ubicado en las nacientes del arroyo Solís Chico.

La Intendencia no informó a la comunidad acerca de los criterios utilizados para la elección del predio. Tampoco lo hizo sobre los estudios realizados desde el punto de vista ambiental y del ordenamiento territorial que llevaron a tomar la decisión. Otro tanto hizo con la modificación —para peor— del plan original de la planta modelo que inspiró la licitación. Son demasiados "misterios" para una gestión que se autodefine como transparente.

El gobierno departamental consideró que en este caso no resulta obligatoria la realización de un estudio de evaluación ambiental estratégica (EAE) previsto en la ley de ordenamiento territorial. Nos preguntamos: si instalar un megabasurero en un predio rural vinculado a un arroyo saludable que desemboca en los balnearios Parque del Plata, Las Vegas y La Floresta no implica un brusco cambio en el uso del mismo, ¿qué se entiende entonces por velar por el buen uso del territorio? Cuesta imaginar un cambio más brusco en la utilización del suelo.

Está claro que las autoridades debieron brindarle a la comunidad el máximo de las garantías, realizando todos los estudios y valoraciones a su alcance, así como ofrecerle el pleno acceso a toda la información generada.

No se explica el porqué de la ausencia de sus representantes en las reuniones de vecinos realizadas para plantear y discutir un asunto tan delicado.

Resulta obvio que el funcionamiento del llamado "megabasurero" del Solís Chico generará un impacto ambiental negativo en la zona, con contaminación de todo tipo (hídrica, malos olores, del suelo, del paisaje) incluyendo la presencia permanente de una enorme concentración de aves, roedores e insectos.

En mayor o menor medida las aguas superficiales y subterráneas se verán afectadas. La manera de lavarse las manos que ha hallado el jefe canario en este cada vez más espinoso asunto es señalar que finalmente, será la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) la que resolverá si aprueba el estudio de evaluación ambiental del proyecto.

Para los vecinos esta instancia no resulta ninguna garantía de defensa de sus legítimos derechos a vivir en un medio ambiente sano, de salvaguardar el valor inmobiliario de sus propiedades y de diversas actividades productivas y comerciales, porque consideran que ha sido práctica habitual de Dinama an- te proyectos cuestionados, plantear algunas objeciones que deben ser subsanadas, para finalmente otorgar la autorización ambiental que dé luz verde al emprendimiento. No olvidan que la intendencia solicitó asesoramiento previo a Dinama. Nuevamente estamos viendo que la institución no cumple sus cometidos en la debida forma.